Estados Unidos esperó hasta 2008 para plantarle cara a la particular manera de gobernar de Chávez. Hasta entonces se hacía el sordo a las palabrotas y el ciego ante los atropellos a los derechos humanos y al sistema democrático. Claramente, el chavismo había acabado con las instituciones y perpetrado varios golpes netos constitucionales contra el sistema político. Desapareció la separación de poderes, y la justicia estaba totalmente subordinada al Ejecutivo cuando el Departamento del Tesoro, todavía dudándolo impuso más sanciones individuales.
La intención, simplemente, era evitar que el narcotráfico utilizara el sistema económico y financiero de Estados Unidos. No romper los vínculos y negocios con las FARC, como en 2006. Las de 2011 pretendían frenar el lavado de dinero del grupo terrorista Hesbolá. Solo las de 2015 se refieren al gran deterioro de la democracia y las recurrentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero solo sancionan a funcionarios, a individualidades. No las actividades comerciales y financieras del Estado.
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Los primeros sancionados fueron Hugo Carvajal, “el Pollo”, que ocupó la jefatura de la Disip y de la Dirección de Inteligencia Militar; el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia; y Henry Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa, director de la Disip y gobernador de Trujillo. Los tres participaron activamente en la relación con la guerrilla y en mantener los vínculos con movimientos subversivos internacionales que Estados Unidos considera terroristas.
El 12 de septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro les anuló la visa y les congeló los bienes y recursos que tuvieran en territorio bajo soberanía estadounidense. Asimismo, prohibió que ciudadanos y empresas radicadas en Estados Unidos realizaran negocios ellos.
En ese momento Carvajal era el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar; Rangel Silva dirigía la Disip, extinta policía política que fue sustituida por el Sebin; y Rodríguez Chacín ocupó la cartera del Interior y de Justicia hasta unos días antes. Los tres eran de extrema confianza de Chávez, pero solo Rodríguez Chacín tenía exposición pública. Los otros se movían tras bastidores.
Rangel Silva fue uno de los hombres más cercanos a Chávez desde su paso por la Academia Militar. Se graduaron en la misma promoción, estuvieron juntos en la asonada militar del 4 febrero de 1992. Cuando Chávez asume la Presidencia fue su edecán y director del Despacho de la Presidencia.
Siendo coronel estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). En 2005 fue nombrado director de la Disip y luego ascendió a general de brigada; dos meses antes de las sanciones ya era general de división.
Por otra parte, Rodríguez Chacín dentro de la revolución bolivariana se cimentó tras las sombras. Aunque se cuidaba de mantener sus malos pasos fuera de foco, de las tres primeras individualidades sancionadas por la OFAC, el capitán de navío ha sido el de más visibilidad. Y hay razones.
Hugo Chávez lo asignó en 1999 como el enlace presidencial para establecer contacto y buenas relaciones con la guerrilla colombiana. En los pasillos de los organismos de inteligencia lo llamaban “el embajador de Chávez ante las FARC”.
Ha sido clave en las relaciones entre los castrochavistas venezolanos y sus socios de la guerrilla de Colombia. Ocho años antes de ser sancionado por la OFAC reforzó con denuedo los vínculos con las FARC y el ELN. Les daba respaldos concretos, como la obtención de documentos para moverse internacionalmente.
Entre 2000 y 2001 sus actividades con la guerrilla dejaron de ser oficiosas y pasaron a formar parte de la estrategia oficial. El chavismo consideraba necesarias las buenas relaciones con los grupos en armas . Desde la Asamblea Nacional aseguraban que permitían establecer un “escudo protector” ante un eventual recrudecimiento del conflicto por la puesta en marcha del Plan Colombia.
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