En Venezuela, el chavismo ha recurrido a tácticas judiciales para bloquear la participación de María Corina Machado, líder opositora y ganadora de las primarias, en las elecciones presidenciales de 2024. Esta inhabilitación inconstitucional, llevada a cabo sin juicio, refleja la recurrente estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para moldear las elecciones a su favor. Previo a estas decisiones judiciales, Maduro llamó a la «Furia Bolivariana», un plan que insta a la unión cívico-militar-policial para enfrentar conspiraciones en su contra.
La táctica del chavismo incluyó negociaciones con Estados Unidos para flexibilizar sanciones y acuerdos de Barbados, aunque su resultado ha dejado fuera a figuras opositoras destacadas como Machado y Henrique Capriles Radonski. Estados Unidos ha expresado su preocupación, anunciando una revisión de la política de sanciones flexibilizadas en noviembre de 2023. Sin embargo, el chavismo considera que ha cumplido con los acuerdos de Barbados y ha intensificado su postura interna.
La semana pasada, en el Día de la Democracia en Venezuela, la Furia Bolivariana se hizo evidente con amenazas, pintadas y marcado de sedes políticas y activistas. Este plan, dirigido por el Estado, busca instigar el miedo y limitar la organización ciudadana, violando derechos y libertades, según Lexys Rendón del Laboratorio de Paz, una ONG de derechos humanos.
La institucionalización de la persecución desde el Ejecutivo se ha vuelto evidente, revelando una política de control social para reprimir la disidencia. Maduro ha ordenado la «máxima vigilancia», buscando limitar la movilización ciudadana en un año electoral. La represión es vista como un intento de contrarrestar la debilidad del chavismo y sofocar la amenaza percibida tras las participativas primarias opositoras en octubre pasado.
La Furia Bolivariana está anclada en estructuras de control social vinculadas a servicios básicos y la distribución de alimentos, gestionadas por jefes de calle y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez. Maduro ha convocado a estas fuerzas para consolidar su poder interno. A pesar de la penetración de estas estructuras, su efectividad ha disminuido, y la resistencia ciudadana persiste, según Mirla Pérez del Centro de Investigaciones Populares. La coacción ya no surte el efecto esperado por el Gobierno, marcando un desafío en un período de debilidad para el régimen chavista.
Lea la nota completa en El País