Para entender Venezuela hay que entender cómo un país petrolero cayó en una crisis humanitaria sin precedentes, quebró su economía en menos de una década y mutó de un sistema de controles a un capitalismo desenfrenado en medio de sanciones económicas. Parte de la respuesta está oculta en la ilegalidad, en las rentas subterráneas que enriquecen a una extensa y diversificada red de corrupción, cuyo valor, la organización Transparencia Venezuela ha calculado en un quinto del PIB del país, según revela un informe publicado recientemente.
En un año —de acuerdo a esta investigación— la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con actividades asociadas al contrabando de combustible y 1.800 por la venta ilegal del oro; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos, revelan los cálculos hechos por la firma Ecoanalítica para este reporte de Transparencia. Solo los montos por estos cuatro ilícitos representan 21,7% del tamaño del PIB del país en 2021, calculado en 43.440 millones de dólares.
Esto queda fuera de lo se ha tragado la corrupción estatal en casos que han llegado a tribunales de más de 22 países donde se han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de 64.000 millones de dólares, según las investigaciones de la organización. Desde 2012, Venezuela se ubica entre los primeros cinco lugares del Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público de Transparencia Internacional. Este año fue el más corrupto de la región, seguido de Haití y Nicaragua, un expolio que acarrea graves violaciones a los derechos económicos de los venezolanos. Esto ha ocurrido mientras 90% de la población se mantiene por debajo de la línea de la pobreza.
“La red de corrupción en Venezuela crece y se profundiza. Hay denuncias de muchos países de confiscar bienes, oro, droga y combustible. Son delitos que están a la vista de todos”, comenta a EL PAÍS Mercedes De Freitas, directora de Transparencia. “Estas actividades tienen un peso increíble, y no hay ninguna economía que se acerque a esos montos”.
Aun cuando en plena pandemia el Gobierno venezolano decidió aumentar el precio gasolina congelado por años, el contrabando de gasolina es un negocio lucrativo que se vale de la porosidad de las fronteras y de la ausencia de control que han propiciado más de siete años de tensiones diplomáticas con Colombia. El cierre fronterizo que se ha prolongado por más tres años, pese al reciente restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas, todavía ampara parte de esta economía en las sombras que va desde las garrafas de combustible que se venden al menudeo hasta redes más grandes, señala la investigadora.
Hasta 2018, cuando el diferencial del precio de la gasolina en Venezuela y sus vecinos de Colombia y Brasil era un abismo, el contrabando generaba rentas de entre 1.860 millones y 2.800 millones de dólares con la fuga era de 80.000 barriles diarios. “Esa red de contrabando aprende con una velocidad increíble, es resiliente y consigue generar nuevos procesos para seguir captando renta pública. Por ejemplo: cuando subió el precio de la gasolina, la red se adaptó y empezó a vender gasolina de Colombia en Venezuela”, denuncia.
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