El régimen de Nicolás Maduro ha dejado claro que sus intenciones jamás serán atender las necesidades de la gente y mucho menos cumplir con las recomendaciones que dio hace más de un año la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
En un trabajo especial de nuestros aliados informativos de la Voz de América indican que la dictadura de Maduro solo ha atendido parcialmente dos de las 23 recomendaciones para revertir y prevenir las violaciones de derechos humanos en el país.
Esa es la conclusión de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, como Provea, al hacer balance del crítico informe que presentó la delegada de la ONU en julio de 2019 y que ha sumado ya al menos cuatro actualizaciones.
El 4 de julio del año pasado, tras seis meses de denuncias de la oposición venezolana contra Nicolás Maduro por su presunta usurpación del poder, Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte con profundas críticas al estado venezolano por las “graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” documentadas por su oficina.
La alta comisionada denunció una estrategia oficial “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. También, concluyó que la profunda crisis económica ha privado a la población venezolana de los medios para satisfacer su alimentación y cuidados médicos.
Observó, además, la militarización de las instituciones del estado y que el espacio para los medios de comunicación independientes se había reducido, entre otras vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela.
Tras entrevistar a 558 víctimas y testigos de tales violaciones, el documento incluyó 23 recomendaciones al gobierno de Maduro para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud.
Otras peticiones fueron poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Propuso detener y condenar la persecución y represión selectiva por motivos políticos, y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional.
Las recomendaciones, explicó Bachelet, servirían para “frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas”.
Aquel documento es interpretado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como un “hito” en el reflejo de la situación global de Venezuela, como lo refirió Provea en un comunicado donde evalúa su cumplimiento, un año después.
Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa, dijo a la Voz de América que su organización, una de las más antiguas en Venezuela, nota que Maduro ha desoído en el último año 21 de las propuestas que le hizo Bachelet para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
“Se han cumplido parcialmente dos: la primera es la presencia de la oficina en el territorio, a través de dos oficiales (de Bachelet); y la segunda, el aumento de la cobertura de vacunación”, que se ha conocido solo a través de la información aportada por Unicef, no por el mismo gobierno en disputa, indica.
La presencia de la Oficina de la Alta Comisionada es un “paso importante” para los derechos humanos en Venezuela, opina el delegado de Provea, pero aún no se ha permitido el acceso de los oficiales de Bachelet a las instituciones de inteligencia militar, donde está detenida la mayoría de los opositores privados de libertad, añadió.
Con información de VOA