El periodista Dámaso Jiménez reseñó la transición del estado Zulia, que en un periodo de tres años pasó de ser una de las entidades petroleras más importantes de Venezuela a una región en ruinas que sirve de santuario al «mayor complot» de saqueo, extorsión, expropiación de empresas y lavado del dinero del crimen organizado impulsado por Omar Prieto, gobernador impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.
El 10 de diciembre del 2017 comenzó una historia de corrupción inaudita e implacable desde la gobernación del Zulia, luego que la ANC ilegítima arrebatara el triunfo al opositor Juan Pablo Guanipa, para imponer una ficha del PSUV radical en la figura de Omar Prieto Fernández, para beneficio exclusivo de una cúspide del régimen que permitió la destrucción de un legado de empresas para enriquecer groseramente a un pequeño grupo de personajes civiles y militares a costa del hambre, la privación del derecho a la vida y el ataque despiadado a la propiedad privada.
Prieto venía de ser el alcalde del municipio San Francisco, aledaño a Maracaibo, con múltiples acusaciones de manejos irregulares de los recursos públicos, arbitrariedades, amenazas y persecuciones policiales. La nueva alianza lo obligó a romper con su principal mentor político, Rodrigo Cabezas, de quien fuera su suplente en la Asamblea Nacional, y a quien denominó “traidor” y “transexual político”, luego que hiciera propuestas a Juan Guaidó como jefe del Parlamento para salir de la crisis.
Durante los primeros meses de su gestión Prieto se dedicó a descalificar como corrupto e investigar públicamente la gestión de su antecesor chavista, el teniente coronel golpista del 4F, Francisco Arias Cárdenas, uno de sus principales enemigos políticos régimen adentro; así como minimizar la maniobrabilidad política y operativa de la oposición y defenestrar la salud empresarial de la entidad.
Comenzó con el diputado opositor Juan Pablo Guanipa, a cuya familia en un acto de venganza política le clausura ilegalmente los tres reconocidos y exitosos restaurantes denominados “Té con Té”. Luego ordenó atacar los comercios ligados al ex gobernador Arias Cárdenas, a quien acusó de liderar una conspiración dirigida para tumbar a Nicolás Maduro.
Para mantener una figura temeraria designa a Lisandro Cabello como número dos al frente de la Secretaría de Gobierno y a Rebeca Del Gallego, coordinadora del bufete de Cabello, como procuradora del Zulia.
Convertidos en el triunvirato de la corte chavista en el Zulia, Prieto comienza desde el 2018 a extorsionar a empresarios privados, incautar propiedades de quienes manifestaran ideas diferentes o se sumaran a los paros convocados por la oposición. El propósito era destruir la confianza y la economía del otrora principal emporio financiero y empresarial del país.
“Nosotros no somos empresarios, somos el gobierno bolivariano. Este es nuestro mensaje: empresarios que quieran meterse en la política les vamos a responder como políticos. El que venga a atacar las políticas del presidente Maduro tendrán una respuesta contundente. El que haga guarimbas y destrozos no sólo le retirarán las licencias, también se le incautarán propiedades”, dijo Prieto en su primera declaración de guerra a los empresarios, emprendedores, buhoneros, trabajadores independientes, periodistas y todo aquel que osara confrontar sus intenciones.
De ese complot indujeron y provocaron con los colectivos armados saqueos de fuerte relevancia para debilitar comercios. Solo fueron resguardados los negocios de Prieto y sus socios testaferros como los supermercados Nasa de Alfredo Provenzani, los Hipermercado-La Grande de Danilo Nammour y los supermercados Fiorella de Omar Barrios, exsocio de Arias Cárdenas en la importación de alimentos desde Colombia y apertura de Bodegones en Maracaibo.
El siguiente paso fue ofrecer comprar los comercios importantes a precios de gallinas flacas. Los que hicieron resistencia fueron intimidados por el hampa y las granadas y huyeron. La lista es extensa, pero estas son solo algunas de las que ofrecieron testimonios sobre esta red de mafias que se apoderaron del Zulia.
SM Pharma
Pharma fue el principal laboratorio de producción de medicamentos del occidente venezolano. Fue fundada por una familia española, los Santamarta, hace 40 años. Numerosos dirigentes del PSUV intentaron en diferentes oportunidades “vacunarlos” y sacarles grandes sumas de dinero. La empresa se resistió al principio.
Los propietarios atemorizados denunciaron a la procuradora Del Gallego de exigirles el pago de un millón de dólares a cambio de no expropiar la empresa. En septiembre del 2018 el gobernador Omar Prieto declara de utilidad pública el laboratorio farmacéutico, lo expropia y asalta con la policía regional la sede de la empresa.
De esta forma se consumó la confiscación ilegítima de una empresa altamente productiva y de larga tradición en el Zulia; el presidente de la empresa, Raimundo Santamarta y todo su núcleo familiar huyen del país, luego que Lisandro Cabello anunciara públicamente que preparaba, a través de un tribunal, un auto de detención en su contra.
Dos años después el Laboratorio Pharma se encuentra literalmente destruido y sus calderas que requieren de un mantenimiento técnico permanente se encuentran contaminadas. Como consecuencia los propietarios legítimos de esta importante industria farmacéutica destruida por Prieto, interpusieron un arbitraje internacional con el apoyo del Gobierno de España contra la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo una indemnización o reparación por 200 millones de dólares.
El Fisco de algún gobierno responsable en el futuro tendría que responder por este asalto realizado por Prieto y Cabello.
Heladería Argentina
Un emprendimiento que surgió en 1985 como una venta de helados en Maracaibo bajo la marca registrada “Heladería Argentina”, había logrado tal éxito comercial que en 1992 les permitió a sus propietarios instalar en el sector Los Robles una fábrica de producción y distribución de sus diferentes presentaciones.
Todo marchaba bien hasta que el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, decidió utilizar de forma arbitraria el poder de la Gobernación para saldar una disputa judicial contra Víctor Salas, uno de los socios propietarios de la heladería.
La amenaza exigía el pago de un monto en dólares o les expropiarían una casa de habitación propiedad de los dueños de la heladería, ubicada frente a la Residencia Oficial del gobernador del Zulia. Fue utilizado el mismo argumento ilegal: Expropiación por causa de utilidad pública. Luego de decretado irrumpen policialmente en la propiedad de Salas.
La persecución y asedio fue de tal magnitud que la familia se vió obligada a abandonar el país, cerrar la fábrica y los 4 locales comerciales donde los marabinos concurrían de forma cotidiana.
Hipermercado-La Grande, Fiorella, panadería Biaggio y pastelería Jeffrey’s
Al fracasar los Abastos Bicentenarios de Maduro, los perseguidos de ayer por Omar Prieto, Danilo Nammour, Wael El Yaber y Omar Barrios se convierten ahora en sus principales socios y utilizaron el poder político para instalar varias cadenas de supermercados con el monopolio de los alimentos con costos elevados, logrando con el favor del gobierno central con la libre importación de todo tipo de alimentos y víveres, lo que permitió a Prieto hacer una gran fortuna personal. La inversión inicial fue de 95 mil dólares.
Los locales fueron utilizados sin ningún costo por los nuevos dueños garantes de una propiedad del Estado venezolano, incluyendo los equipos, estanterías y galpones. El documento de legalización aparente de estas operaciones son una estafa a la República.
Prieto ordena a la abogada Del Gallego que el comodato en algunos casos sea implementado por 100 años. Según los conocedores, en estos escasos 3 años de gestión de Prieto se regalaron propiedades del estado Zulia a cambio de nada.
El poder e influencia de Danilo Nammour quedó demostrado luego de permitirse cerrar el puente sobre el lago para realizar un video musical para su hija menor, que fue publicado el 25 de febrero del 2021, y que generó una serie de críticas masivas a través de las redes por lo que ha sido considerado un abuso de poder por parte de los socios de Prieto.
Wael El Yaber acompaña a Prieto desde que fue electo alcalde de San Francisco logrando realizar varios negocios en La Coromoto. Sus inicios de empresario se remontan desde “Todo Regalado”. Entre 2018 y 2019 realiza cuantiosas inversiones mediante la adquisición de negocios de familias importantes de Maracaibo.
Sigue siendo un misterio como el señor Gian Franco Lovino, de ascendencia italiana, se desprendió tan fácilmente de un negocio familiar muy exitoso como la panadería “Don Biaggio” en Bella Vista, donde atendía amablemente a sus clientes y que vendió para salir del país.
La otra adquisición de Wael El Yaber es la famosa pastelería Jeffreys, ubicada a pocos metros de la Plaza de la República. Las razones de su propietario, el norteamericano Paul Jeffrey para vender su negocio estrella a esta sociedad que gobierna y se regresa el vuelto, son también desconocidas.
A estos hechos “extraños” se suma el allanamiento por parte de la GNB de un galpón donde El Yaber guardaba cientos de motos. La orden de allanar e incautar fue dada por el entonces Ministro del Interior y Justicia, General Néstor Reverol, quién aún mantiene una investigación abierta por estas extorsiones y enriquecimiento ilícito de este triunvirato.
Omar Barrios manejó la importación de alimentos desde Colombia con salvoconducto de su socio Arias Cárdenas. Su hijo del mismo nombre fue el conductor de la camioneta con la que fue atropellado el estudiante de medicina y socorrista Paúl Moreno, a quien dio muerte para luego huir del lugar. No pagó por este delito que conmocionó el país en medio de las protestas del 2017.
La sociedad con Prieto le permitió una mayor inmunidad a la familia y abrir otros negocios como La Despensa, en el centro comercial Costa Verde, y diferentes sucursales del Supermercado Fiorella con 4 sucursales.
Fue inversionista del desaparecido medio diariorepublica.com. Adicionalmente mantiene otros negocios en el país y los EEUU.
Para Venezuelausa.org, por el periodista Dámaso Jiménez