Tras encontrar un bidón oxidado de gas cerca de su casa, en el medio oeste de Estados Unidos, Rick Karas buscó en internet si tenía algún valor. Increíblemente, resultó ser una mercancía codiciada en la batalla contra el cambio climático.
Su contenedor, del tamaño de una pelota de baloncesto, estaba lleno de CFC (clorofluorocarbonos), un potente gas de efecto invernadero cuya posesión es perfectamente legal, pero cuya fabricación está prohibida en todo el mundo desde hace décadas.
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A falta de un mandato gubernamental para destruir las amplias reservas existentes, un puñado de empresas se propuso rastrear y eliminar estos gases, en un proceso financiado con la venta de créditos de carbono que obtienen de la destrucción de las sustancias químicas.
Karas se puso en contacto por internet con una empresa llamada Tradewater, y uno de sus empleados pasó a recoger el bidón en su casa de la pequeña localidad de Peotone (Illinois), a una hora en coche de Chicago.
Minutos más tarde, tenía un billete de 100 dólares y el gas -que en su época era habitual en los aparatos de aire acondicionado o en los frigoríficos y que se envasaba en latas que con el paso del tiempo dejaban filtrar la sustancia- estaba de camino a la incineradora.
«Me siento bien. Un poco de dinero en el bolsillo y ayuda al medio ambiente», dijo a la AFP Karas, que se dedica a la cría de abejas y desconocía por completo la relación de ese gas con el clima.
Así lo prefiere la empresa de Chicago.
No mencionan su misión en los anuncios en línea dirigidos a los posibles vendedores e incluso hacen negocios bajo un nombre diferente, Refrigerant Finders, para evitar lo que sigue siendo un tema políticamente delicado en Estados Unidos.
Chad Dorger, que recogió el depósito de Karas, señaló que al 80% de los clientes no les importa lo que ocurra con el gas, pero el resto podría complicar las cosas.
«Se negarían rotundamente (a vender) y dirán: ‘No, quiero que esto se use’. O ‘no creo en esa farsa del cambio climático'», dijo.
Aun así, la erradicación de los CFC ha sido uno de los mayores éxitos de la humanidad en sus esfuerzos para hacer frente a las emisiones de origen humano que están provocando tormentas más fuertes, sequías más graves e incendios forestales masivos y mortales.
«Derecho a contaminar»
El Protocolo de Montreal de 1987 prohibió la fabricación de los gases CFC para reparar la fina capa de ozono de la atmósfera que protege la vida en la Tierra de los cancerígenos rayos ultravioleta.
Las Naciones Unidas pregonan este acuerdo como el «único tratado de la ONU que ha sido ratificado por todos los países de la Tierra».
Además de su efecto corrosivo sobre la capa de ozono, los CFC son también un potente gas de efecto invernadero que atrapa el calor hasta 10.000 veces más eficazmente que el dióxido de carbono.
Las concentraciones mundiales de CFC se redujeron de forma constante hasta aproximadamente 2012 después de la entrada en vigor del Protocolo, pero los científicos se sorprendieron al descubrir en 2018 que el ritmo de esa desaceleración se había reducido a la mitad durante los cinco años anteriores.
La evidencia apuntó a las fábricas del este de China. Una vez que se detuvo la producción de CFC en esa región, el proceso de restauración de la capa de ozono pareció volver a ponerse en marcha.
No hay muchas voces en contra de la destrucción de los CFC, pero las compensaciones de carbono son más complicadas.
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Según este sistema, una empresa o un particular contaminante compra un crédito equivalente a una tonelada métrica de dióxido de carbono, y el dinero se destina directa o indirectamente a un plan de reducción de emisiones, como la plantación de árboles o la inversión en fuentes de energía renovables.
Pero algunos críticos acusan a las grandes empresas de usar este sistema para pagar por una solución rápida, en lugar de tratar de revisar realmente el impacto medioambiental de sus operaciones, mientras que algunos proyectos de compensación no han cumplido con su cometido.
«Para algunos ecologistas, eso es dar a alguien el derecho a contaminar y nosotros no deberíamos contaminar», comentó el profesor de economía de la Universidad George Washington, Michael Moore.
Los líderes de Tradewater, sin embargo, tienen muy claro lo que hacen y por qué.
«Si empresas como la nuestra no destruyen este refrigerante, se filtrará a la atmósfera», aseguró el director de operaciones Gabe Plotkin.
«No hay ningún mandato gubernamental para hacerlo. No hay ningún incentivo financiero para hacerlo. Y en algunos casos no hay voluntad de hacerlo», subrayó.