En una entrevista otorgada a nuestros aliados informativos de la Voz de América, el abogado defensor del testaferro de Nicolás Maduro, Baltasar Garzón ha dicho que el caso contra Saab es completamente ilegal y nunca debió haber existido.
El barranquillero quien fue detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio acusado por el gobierno estadounidenses de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro podría ser extraditado y enfrentaría una condena de por lo menos 20 años de prisión en una cárcel federal.
En entrevista con la Voz de América el ex juez español dijo que el proceso se está utilizando para asegurar que Saab sea extraditado a Estados Unidos, donde será utilizado como medio para un fin, que es llegar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Baltasar Garzón fue juez de 1981 a 2012 y desde entonces ha sido abogado y director de Ilocad (la Oficina Legal Internacional para la Cooperación y el Desarrollo), el bufete de abogados que creó y tiene su sede en Madrid, España.
El abogado reitera que la defensa tiene varios recursos en trámite, que llevarán el caso a todos los niveles de defensa jurídica y de derechos humanos, y acusa a las autoridades caboverdianas de crear una carrera de trabas permanentes.
Consultado acerca de cuál es la posición de la defensa en este momento, Garzón explicó: «Estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó el recurso, sin perjuicio de una serie de procesos en curso, con solicitudes simultáneas que afectan la libertad personal del señor Saab y su salud».
En este punto recordó el hábeas corpus que fue denegado. «Pedimos una aclaración y estamos pendientes de la decisión sobre la privación de libertad», afrimó.
Garzón, que ha criticado a las autoridades caboverdianas alegado que su cliente no tuvo un juicio justo y culpado de injerencia a Estados Unidos, explicó a la VOA el actual foco de la defensa.
«Desde el momento de su detención, el señor Saab se ha visto obstaculizado por una serie de irregularidades, que consideramos graves, una persecución política real, en la que se enfrentan Estados Unidos y Venezuela. Hay una clara falta de proporcionalidad en el procesamiento, no se está respetando el debido proceso y por lo tanto no se respetarán las garantías procesales en caso de que sea extraditado a Estados Unidos porque hay una raíz política inminente», afirmó el abogado.
Además dijo que «en todo caso, el pecado original de este proceso y del que derivan la ilegalidad absoluta y otras violaciones de los derechos humanos fundamentales es el hecho de que se trata de una detención arbitraria, que rompe la legalidad al no respetar la inviolabilidad de las inmunidades diplomáticas».
Explicó que no se debe olvidar que Saab es «un enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios y por lo tanto está protegido por la Convención de 1969.
«Este proceso no debería haberse iniciado. Y aunque Cabo Verde no era signatario de este Convenio, la práctica internacional lo establece. Y eso es lo que les hemos estado preguntando a las autoridades caboverdianas durante los últimos días».
Garzón expuso que en dos ocasiones fue deportado uno de los integrantes del equipo de defensa internacional que asiste a Saab.
«Es un carrera permanente de obstáculos, en la que difícilmente podemos acceder a nuestro cliente. Todo esto, en conjunto, nos da una perspectiva de extraordinaria relevancia negativa para poder afirmar que estamos ante un proceso normal de extradición», afirmó.
El abogado Garzón dijo a la VOA que «sí» existe un cargo formal en Estados Unidos contra su cliente.
«La petición de extradición se basa en una acusación que incluye presuntos delitos de lavado de activos derivados de presuntas prácticas de corrupción internacional. Sin embargo, lo que demuestra la defensa es que esta acusación es absolutamente infundada. No corresponde a la realidad, el título jurisdiccional que utilizaron no es válido y los hechos de los que lo acusan fueron objeto de investigaciones abiertas en Ecuador y también en Venezuela», respondió el abogado.
Además dijo que la petición de extradición «se basa en un cargo de lavado de dinero, pero cualquiera que lea el texto de la documentación concluirá que no hay caso. No hay fundamentos. No tuvimos acceso a toda la información y si lo que existe es lo que aparece en el proceso de extradición, tenemos que decir que es una construcción instrumentada para asegurar que el señor Saab sea extraditado a Estados Unidos y utilizado como un medio para un fin, donde el medio es él y el fin es llegar al presidente Maduro».
A su vez pidió que las autoridades de Cabo Verde analicen el caso «en profundidad».
Garzón dijo a la VOA que todavía tienen «muchos recursos pendientes» a los que apelar. Entre ellos, mencionó que esperan la solicitud de aclaración del Tribunal Constitucional en relación al habeas corpus.
«Se dijo que dependía de la decisión del tribunal de apelaciones, pero no vieron que era un habeas corpus, por lo que es una cuestión de libertad, que no tiene otra vía. Eso no es un recurso de apoyo. Creo que debieron haber analizado este asunto a fondo, pero no lo hicieron, también estamos a la espera del recurso pendiente contra la detención por parte del tribunal de apelación y la propia decisión de extradición».
Con información de VOA