La ONG Transparencia Internacional define la gran corrupción como «el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad . Y por lo general queda impune». Esta descripción se adapta a Venezuela si se toma en cuenta el medio billón de dólares destinado a entramados y desfalco a la nación que calcula Corruptómetro, un proyecto de la ONG junto a Conectas y la Alianza Rebelde Investiga.
Datos del reporte señalan que Petróleos de Venezuela es la empresa que reúne la mayor cantidad de casos relacionados en el desfalco a la Nación. Le siguen la trama de sobornos e ilícitos que armó la constructora brasileña Odebrecht en toda la región, que encontró un nicho importante en Venezuela, así como los esquemas financieros que involucran paraísos fiscales del Caribe y Europa.
PDVSA ha funcionado, tanto para el régimen de Nicolás Maduro como a los gobiernos del fallecido Hugo Chávez, como una especie de caja chica sobre la cual se ha basado la economía nacional. Sobre la estatal petrolera pesa además un alto endeudamiento externo lo que ha comprometido el funcionamiento y mantenimiento de la industria petrolera.
El Corruptómetro ubica a Pdvsa en primer lugar de corrupción y gran corrupción
Con 92 caso en cuanto a sector económico, entes y recursos en dólares implicados, lo que representa 81% del total del patrimonio público envuelto. Estos casos muestran daños patrimoniales al Estado estimados en poco más de $42 mil 322 millones de un total de $52 mil 98 millones. Si se compara con el Producto Interno Bruto venezolano para 2020, calculado en $48 mil 610 millones, la malversación de fondos en el sector petrolero representa 87% del PIB actual.
Dentro de los entramados más relevantes se encuentran: Pdvsa Litigation Trust, que reúne el mayor monto dentro del área petrolera con $10 mil millones de la República en juego y la trama que involucra al Banco Espiritu Santo en Portugal, debido al desvío de fondos de Pdvsa por $4 mil 803 millones. También los acuerdos que envuelven a la filial en EEUU, Citgo Corporation por un monto que implica recursos por $4 mil millones; la operación Money Flight o el fondo Alba-Petrocaribe.
Otros hechos irregulares involucran a Bariven, una filial de la estatal encargada de la compra de insumos internacionales. Según la Fiscalía venezolana, se registró sobreprecio entre 100% y hasta 98.000% en contratos, por lo que se ordenó una docena de arrestos, entre ellos el de Francisco Jiménez, expresidente de Bariven detenido en noviembre de 2017 y del cual se desconoce su estatus.
En junio de 2019, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que estaba en una “lucha sin cuartel” contra la corrupción, al ejecutar una serie de acciones para el procesamiento de jueces, funcionarios del Ministerio Público (MP) y de empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) bajo este tipo de delito.
Catorce meses después, el fiscal Saab alardeó sobre las acciones ejecutadas en materia de corrupción y delitos relacionados durante tres años de gestión: 10.299 imputaciones y 2.028 acusaciones a personas por delitos de corrupción de las cuales 1.741 fueron condenadas. En aquella rueda de prensa del 7 de agosto de 2020, también destacó que 200 funcionarios del MP habían sido investigados y 173 de ellos judicializados y que además 21 tramas de corrupción en la industria petrolera fueron desmanteladas, por las que se procesaron 103 funcionarios de Pdvsa y sus filiales.
José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), asegura que el país nunca había manejado tantos recursos, “pero además nunca habíamos tenido tanto dinero sin control; básicamente todos los controles institucionales han desaparecido. La Asamblea Nacional, que es el primer órgano contralor ya no revisa ni controla el presupuesto nacional, la Contraloría General perdió potestades, capital humano y, la contraloría social es casi inexistente”.
Por ingresos producto del boom petrolero durante el periodo 2004 – 2014, además de lo recibido desde 1999, Puente calcula que a Venezuela ingresó un monto cercano al billón de dólares (un millón de millones). Gran parte de ese dinero fue a parar a entramados, se extrajo por diferentes vías para ser encubierto, lo que impide su recuperación.
El economista estima que se podría recuperar mucho menos de 50% de lo robado al país. “Capaz se podrán recuperar 5 mil millones de dólares (…) Insisto, nunca tuvimos tantos recursos pero sin ningún control y manejado con total opacidad. Por eso muchos decimos que los gobiernos de los últimos 20 años han sido los más corruptos de la historia, no porque esté dentro de su naturaleza u otros gobiernos no lo hayan sido, es por el manejo discrecional de los fondos”.
Pero en Venezuela la industria petrolera no ha sido la única fuente de corrupción.
«Hay otros casos muy importantes como el de la exministra de Salud Eugenia Sader (2010-2013) y la corrupción con la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) o los fideicomisos a Argentina» -Mildred Rojas, abogada y coordinadora de estrategia jurídica de Transparencia Venezuela.
La abogada apunta que entre los casos más importantes en cuanto a cantidad de dinero involucrado, apartando los que se ha visto envuelta la petrolera estatal, se encuentran la empresa brasilera Odebrecht, el caso del exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), compras con sobreprecios de equipos médicos, la trama que involucra a la Oficina Nacional del Tesoro, y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El sector financiero ocupa el segundo puesto con la mayor cantidad de casos involucrados según conteo del Corruptómetro.
Dieciocho tramas investigadas por esta herramienta involucran delitos como corrupción, peculado doloso, uso o forjamiento de documento público, donde se comprometió la significativa suma de $3 mil 282 millones de dólares.
El principal ente público dentro del sector financiero afectado por la corrupción es el Banco Central de Venezuela (BCV), donde se identifican ocho casos. Dentro del sector financiero también se incluyen todos los procesos de licitaciones, adjudicaciones y beneficios otorgados por medio de la Oficina Nacional del Tesoro. En este punto se debe mencionar a Claudia Díaz, su esposo Adrián Velásquez Figueroa o Alejandro “el Tuerto” Andrade.
Díaz, quien fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez, es investigada dentro y fuera de Venezuela por blanqueo y enriquecimiento ilícito a partir de operaciones financieras mientras ejercía como cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro y del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional). Tanto ella como su esposo -Adrián Velásquez Figueroa- aparecen mencionados en los Panamá Papers, una filtración de documentos donde se muestra como el bufete Mossack Fonseca ayudó a sus clientes para resguardar sus activos a través de empresas off shore y colocación de dineros en paraísos fiscales.
Trama Eléctrica
Nervis Villalobos es un nombre que aparece recurrentemente al hablar de corrupción en Venezuela. Está involucrado en ocho casos registrados por el Corruptómetro y sobre él pesan siete investigaciones en instancias internacionales.
La Fiscalía española lo acusa desde 2017 como responsable del blanqueo de 53,4 millones de euros de procedencia ilícita tras pasar el dinero por cuentas bancarias de Andorra, Chipre, República Checa, Panamá o Suiza. También le atribuyeron un patrimonio compuesto por inmuebles en Marbella o un chalé en La Moraleja (Madrid), según el departamento Anticorrupción.
Sobre Villalobos también pesan investigaciones en EE.UU, que según él mismo ha explicado, están relacionadas con su presunta participación en hechos de corrupción sobre Pdvsa, y donde también estaría involucrado Alejandro Andrade (exjefe de la Oficina Nacional del Tesoro), quien se declaró culpable de haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos y paga una condena de 10 años de prisión desde 2018 en ese país.
Otro de los nombres que se mencionan con mayor frecuencia en el Corruptómetro es el de Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, quien tiene cuatro investigaciones internacionales y una nacional pendientes en su contra. La principal de ellas se encuentra radicada en España, donde este ingeniero eléctrico es juzgado por blanqueo de capitales, a partir de un operativo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal contra altos funcionarios de Pdvsa o empresarios que obtuvieron, a través de la estatal y sus filiales, grandes sumas de dinero por medio de sobornos, adjudicaciones y licitaciones amañadas así como pagos que luego eran invertidos en inmuebles y propiedades.
Los organismos encargados de investigar la corrupción en el país hacen caso omiso
Los organismos encargados de investigar la corrupción en el país se han enfocado en pequeños o medianos casos, pero poco han atendido las grandes denuncias como los mil millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos para obtener contratos, reconocidos por sus propios directivos, o cuando se han investigado, la acusación penal no avanza.
la coordinadora de estrategia jurídica de Transparencia Venezuela señala que en algunos de los casos mencionados, el Ministerio Público ha solicitado la extradición de los involucrados. En total, hay 14 solicitudes hechas por el Estado venezolano relacionadas con hechos de corrupción de exfuncionarios que ahora son disidentes al gobierno de Nicolás Maduro, como el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, o que colaboran con las autoridades extranjeras como es el caso de Aldo Venraim, un empresario brasilero que declaró en el caso Lava Jato, como se conoce a la red de sobornos que armó Odebrecht en todo el continente para acceder a contratos cuantiosos.
«Esto es un plan que tiene que ver con el desmontaje de la institucionalidad y el dominio que plantea la revolución», asegura el exfiscal Zair Mundaray.
Quien indica que el desfalco a la nación empieza desde 1999 y reitera la importancia de entender que entre las primeras instituciones atacadas está el sistema de justicia. Señala también que a desde entonces la corrupción no ha hecho otra cosa si no avanzar. A partir de 2017 se veía una «cuestión grotesca», explica. «todo tiene una tarifa, se compra o se vende», detalla. «Nadie se mueve o hace absolutamente nada si no se cobra, el sistema está absolutamente podrido», agrega Mundaray.