Una investigación de la fundación InSight Crime, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del “transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela”.
En días pasados, el gobierno de Jair Bolsonaro prorrogó el decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros por vía terrestre o marítima a su territorio, pero la medida exceptúa a camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias. Esta situación, según InSight Crime “ha sido utilizada por los distribuidores de alimentos en Venezuela como excusa para comprar productos en Brasil y venderlos en suelo venezolano a precios inflados”.
La fundación cita a funcionarios y habitantes de Santa Elena de Uairén, una ciudad fronteriza en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, diciendo que: “por la frontera cruzan cada día decenas de camiones que transportan alimentos de Brasil”, que incluyen productos básicos como café, azúcar y mantequilla, entre otros.
“Un kilo de arroz cuesta 60 centavos de dólar en Brasil, pero se vende por 2 dólares en Santa Elena de Uairén” dijo un funcionario a la unidad de investigación de InSight Crime en Venezuela .
Según el informe, los conductores sobornarían a funcionarios de la frontera para que “les permitan pasar tabaco y combustible, artículos que no están contemplados en el decreto, pero que se venden fácilmente en el mercado negro”.
“Un litro de gasolina cuesta menos de 1 dólar en Brasil, pero se vende por 6 ó 7 en Santa Elena de Uairén”, relataron locales a InSight Crime.
El estudio de la fundación asegura que, Venezuela “sufre el doble embate de la escasez de alimentos debido a la crisis económica y ahora la pandemia del coronavirus, lo que ha llevado al aumento del comercio de bienes en el mercado negro”.
La investigación refiere comentarios de Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana quien sostuvo que el decreto ha favorecido a funcionarios gubernamentales y que “muchos de los productos son transportados a zonas estratégicas, como las áreas mineras del estado Bolívar, con el fin de que la minería ilegal pueda continuar”.
Con información de VOA