El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes la restricción de visas de entradas al país a 100 funcionarios nicaragüenses vinculados con el gobierno del presidente Daniel Ortega por ser “responsables o cómplices” de abusos a los derechos humanos«.

En una declaración el Departamento de Estado informó que la medida está basada en que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”, las prohibiciones se extienden a miembros de la familia inmediata de los señalados.

Tras el anuncio el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional dijo a la Voz de América: «Si no dan visa o las restringen es una decisión soberana de ellos, como Nicaragua tiene el mismo derecho, a los que les gusta ir a Estados Unidos son los que se van a fregar».

Las restricciones de visa impactan a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense, en los que se incluyen fiscales y jueces, agrega la declaración.

En su argumentación la administración del presidente Joe Biden culpa a los funcionarios por el arresto de “26 opositores políticos y actores a favor de la democracia”, entre los que se incluyen seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, “activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.

La Casa Blanca señala al gobierno de Ortega por la aprobación de “leyes represivas” que coartan la posibilidad de elecciones libres.