Los servicios de inteligencia venezolanos monitorearon a seis ejecutivos estadounidenses de la refinería estatal Citgo Petroleum durante un año en suelo estadounidense para determinar su participación en un acuerdo que el gobierno consideró fraudulento, lo que llevó a su arresto en 2017 en Caracas por cargos de corrupción, según testimonio judicial.
Los ejecutivos, conocidos como Citgo Six, fueron condenados por un tribunal venezolano en noviembre a entre ocho y 13 años de prisión por corrupción en un procedimiento que el Departamento de Estado de EE. UU. Denominó “tribunal canguro”. Cinco de los hombres son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Los documentos del juicio revisados por Reuters incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balza, sobre el monitoreo.
El testimonio no ha sido reportado previamente. Balza, quien se desempeñaba en 2017 como director de operaciones de la dirección de contrainteligencia militar de Venezuela (DGCIM), dijo que los servicios de inteligencia enviaron la información recopilada en el transcurso de un año al fiscal Tarek William Saab, cuya oficina la utilizó para abrir una investigación criminal.
Reuters no pudo contactar a Balza. La DGCIM no respondió a una solicitud de comentarios. La oficina de Saab y el Ministerio de Información de Venezuela también se negaron a responder a las preguntas de Reuters. «Desde que esa empresa (Citgo) se convirtió en venezolana, la empresa y sus miembros del directorio han sido monitoreados por los servicios de inteligencia de este país», dijo Balza en su testimonio del 11 de agosto en un tribunal de apelaciones de Caracas. Balza, quien realizó los arrestos, firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio y fue revisado por Reuters.
El documento indicaba que los seis hombres firmaron un contrato de refinanciamiento de Citgo en julio de 2017 que, según los fiscales, era desfavorable para los intereses de Venezuela.
Cuando un abogado defensor de uno de los hombres le preguntó cómo obtuvo la información, Balza dijo que los servicios de inteligencia tenían «telefonía» y «cosas que siguen a estas personas», sin proporcionar detalles específicos. “Así es como funcionan las agencias de inteligencia”, dijo. «Todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen». Estados Unidos tilda de dictador al presidente venezolano Nicolás Maduro y ha impuesto sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
También ha procesado a altos funcionarios venezolanos por cargos de corrupción y tráfico de drogas. En diciembre, impuso sanciones al juez y al fiscal en el caso Citgo, diciendo que se negó el acceso a los juicios a los medios y grupos de derechos humanos. Benjamin Gedan, subdirector del programa para América Latina del Wilson Center y exdirector para América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington «tome medidas enérgicas».
«Si están violando las leyes de EE. UU., Entonces corren un riesgo justificado de ser enjuiciados por EE. UU. Y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen», dijo Gedan. La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial y requiere que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia, según Steven Cash, abogado del bufete de abogados Day Pitney y exfiscal. Presentación de diapositivas (2 imágenes) «Si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen», dijo Cash. No quedó claro del testimonio si los servicios de inteligencia venezolanos violaron alguna de esas leyes. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre si el monitoreo desencadenaría alguna acción. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también recopilan rutinariamente «inteligencia humana» sobre países donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos, dijeron cuatro exoficiales de la CIA a Reuters reut.rs/2OcdhIA en una historia de 2019.
Los documentos del juicio muestran que los abogados defensores dijeron repetidamente que la fiscalía no presentó evidencia que vincule a los ejecutivos de Citgo – José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas – con la transacción de refinanciamiento. “Una vez que escuchamos (Balza) confesó lo que hicieron, solicitamos la nulidad del juicio y una investigación penal contra los responsables”, dijo un abogado defensor de Vadell en un comunicado, refiriéndose tanto al seguimiento de los servicios de inteligencia como al testimonio de Balza de que los hombres fueron arrestados antes de que un tribunal emitiera una orden judicial, lo que podría violar su derecho al debido proceso. Los abogados defensores de los otros detenidos se negaron a comentar. «MONEDA POLÍTICA» Los analistas y funcionarios estadounidenses ven a los hombres como una moneda de cambio potencial para que Venezuela obtenga concesiones de Estados Unidos. El mes pasado, Maduro alegó que los hombres eran agentes de la CIA, sin proporcionar pruebas, y excluyó la posibilidad de su liberación como una concesión a la administración del presidente Joe Biden. «La última acusación de Maduro no es más que un intento insensible de aprovechar la vida de los ciudadanos estadounidenses como moneda política», dijo en ese momento un portavoz del Departamento de Estado. En el testimonio, Balza y Rafael Franco, quien en 2017 se desempeñó como director especial de investigaciones criminales de la DGCIM, dijeron que la contrainteligencia militar detuvo al Citgo Six por orden de los fiscales a pesar de que la DGCIM no estaba en posesión física de una orden judicial. Sin embargo, Balza y Franco dieron testimonios divergentes sobre la cuestión crucial de si un juez había aprobado una orden judicial antes de que los hombres fueran arrestados, sin la cual las detenciones habrían sido potencialmente ilegales. Balza dijo que los fiscales solicitaron una orden de arresto de un juez después de que el grupo fue detenido. Franco testificó que el fiscal que le ordenó detener a los hombres dijo que un juez ya había emitido una orden de arresto, aunque la DGCIM aún no la había recibido. Franco era el funcionario de la DGCIM responsable de comunicarse con el sistema judicial, pero no llevó a cabo las detenciones él mismo. Reuters no pudo contactar a Franco para hacer comentarios.
En su testimonio, Balza dijo que la DGCIM creía que los seis hombres debían volar fuera de Venezuela esa tarde. “Lo que hicimos fue detenerlos de manera preventiva, sin que se elevara al nivel de detención ilegal”, dijo Balza en su testimonio. Magaly Vásquez, experta venezolana en procedimiento penal de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la ley venezolana permitiría a los agentes detener a los sospechosos por orden de los fiscales en casos de «necesidad y urgencia excepcionales» si ya existe una orden de arresto, y el fiscal informó a los agentes de la orden. Detener a los sospechosos antes de que exista una orden judicial de este tipo sería ilegal, dijo. Washington impuso sanciones a Franco en julio de 2019 por su presunta participación en la tortura y muerte del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo.
TRABAJO ESPECIAL REALIZADO POR REUTERS