La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que centró su más reciente informe en cómo el Estado usa los servicios de inteligencia en la comisión de actos considerados crímenes de lesa humanidad y la situación de los derechos fundamentales en el Arco Minero del Orinoco en el sur de Venezuela, insta a la comunidad internacional a monitorear de cerca la evolución de los acontecimientos.
Las conclusiones y recomendaciones del informe, elaborado a partir de entrevistas confidenciales a 246 personas, a través de conexiones seguras y en el que diversas fuentes confirmaron que el presidente Nicolás Maduro impartía órdenes directas a los servicios de inteligencia, serán presentadas el lunes ante el Consejo de DDHH de la ONU.
Para conocer las principales preocupaciones sobre la situación en Venezuela, los desafíos que enfrentan y su metodología, la Voz de América conversó con Patricia Tappatá Valdez, una de las tres expertas que integran la FFM y defensora en derechos humanos con amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil.
– ¿Cuáles son los aspectos que más preocupan a los integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela?
Los que más preocupa, sin duda alguna, es que en el 2020 reseñamos la existencia de seis estructuras que funcionaban de manera coordinada para llevar adelante una política de Estado destinada a silenciar toda voz opositora y que, pasado tres años, con informes contundentes, documentados, la situación no se ha modificado, se mantiene.
Si bien la intensidad de los casos disminuye a partir de 2019, esto tiene que ver, según nuestra apreciación después de mirar cuidadosamente los casos, con dos razones. Por un lado, la eficacia de la herramienta de represión, como sabemos en todos los países se articula, no solo por las personas que son víctimas de distintos tipos de desaparición, detención arbitraria o lo que fuere sino a través de la extensión del temor y de las represalias que pueden sufrir el círculo de las personas.
Por otro lado, el surgimiento de la pandemia que trajo una disminución marcada, por lo menos de la callejera y la más visible. Lo que nos preocupa es que la estructura se mantenga y no haya una detención a esta forma de represión, como no hemos dudado, volvemos a reiterar es constitutiva de crimen de lesa humanidad.
El gobierno ha desvirtuado el informe de la Misión que sirve de insumo para la investigación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Llama la atención que no cesen los abusos, de hecho, después de que presentaron el informe hubo una denuncia de actos de hostigamiento por parte del SEBIN contra la ONG Provea. ¿Cómo se puede explicar que continúen este tipo de situaciones a pesar de las investigaciones en la CPI?
Yo creo que la explicación es simplemente la impunidad. Cuando las violaciones a DDHH, los graves crímenes se cometen y no reciben ningún tipo de primero investigación para identificar los actores y establecer las responsabilidades, y después ningún nivel de juzgamiento, se extiende una sensación de impunidad y las autoridades que llevan adelante esta política de Estado que está planificada para silenciar a la oposición, sienten que nada ocurre, hacen caso omiso de la existencia de la comunidad internacional y continúan.
Esto es un llamado de atención a la comunidad internacional. Nosotros somos un mecanismo especial del Consejo de DDHH. Existe la oficina de la Alta Comisionada que tiene un equipo de gente en Venezuela, existen las medidas que usted mencionó de la CPI, pero todo eso lleva tiempo. Esta Misión que documenta y publica es la que debiera producir algún efecto.
Si esto no está ocurriendo es porque existen sensaciones de cuáles son los costos y los beneficios de atender el reclamo de la comunidad internacional o concentrarse en mantener el poder que es objetivo central de silenciar la disidencia.
– ¿Han adelantado conversaciones con el nuevo Alto Comisionado de la ONU para DDHH para ver cómo puede ser la continuidad de la Misión en caso de que finalmente el mes próximo se decida prorrogar?
Es tan reciente su designación que esperamos poder encontrarlo, si su agenda lo permite, la semana próxima cuando estemos en Ginebra presentando nuestro informe ante el Consejo. Si llegara a ser decisión de los países renovar el mandato de la Misión, sin dudas, nosotros tres como expertos, expondremos al Alto Comisionado nuestras preocupaciones sobre estas negativas reiteradas del gobierno de Venezuela a permitir la entrada de nuestro equipo, de nosotros mismos y seguramente pensaremos en conjunto de qué manera podemos funcionar con mayor eficacia.
Las Naciones Unidas tienen estos mecanismos especiales que, permanentemente tenemos que estar buscando nuevos caminos en la medida en que los crímenes no son solucionados, la impunidad se extiende y, para mí, personalmente, es un llamado de atención muy fuerte a la comunidad internacional.
Nosotros creemos que no es posible admitir una relación entre países cuando las democracias, así llamadas, no funcionan como tales ni reúnen condiciones básicas de libertad de expresión y circulación de ideas y más bien se caracterizan por silenciar toda opinión diferente opuesta al gobierno.
– ¿Cuáles fueron los mayores retos para la Misión para poder levantar esta información y además cómo fue el proceso para llegar a las víctimas?
Nosotros somos muy cuidadosos en nuestra metodología porque en eso se basa nuestra posibilidad de éxito. No solo las tres personas que fuimos seleccionadas por el Consejo para conformar el grupo de expertos, sino también el equipo que nos acompaña. Somos personas con experiencia en investigación en derechos humanos.
Seguimos las buenas prácticas que también se han acumulado a lo largo de las décadas, en particular quienes tenemos largos años trabajando en derechos humanos, yo diría que esencialmente se basa en entrevistas a víctimas, a testigos, a lideres, a intermediarios que nos pueden brindar esa información.
Se complementa, por un lado, con la versión de ex funcionarios. Nosotros no podríamos afirmar con tanta rigurosidad las cosas que incluimos en el informe si no tuviéramos, no solo fuentes directas sobre lo que ocurre y cómo se implementa este plan coordinado entre las seis estructuras que configuran el poder de la seguridad y el control en Venezuela, si no tuviéramos fuentes de ex funcionarios que después nosotros verificamos de manera cruzada.
Piden la continuidad de la FFM
Defensores de derechos fundamentales resaltan la importancia de la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, e insisten en la necesidad de que su mandato sea prorrogado el mes próximo.
Consultado por VOA, Ali Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, reitera que los informes cuentan con la “rigurosidad” que exige una investigación penal para determinar responsabilidades individuales y que las fuentes son víctimas, familiares y ex funcionarios del Estado.
“Estos son insumos para la investigación que lleva a cabo la fiscalía de la CPI, precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma, de ahí su trascendencia”, dijo el martes.
Para Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas arbitrariamente, la existencia de la FFM es “fundamental para las víctimas”.
“Es una luz a los efectos de que se haga justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda continuar la observación internacional”, expuso luego de que se conociera el contenido del informe.
Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador lideran una resolución para solicitar la renovación de la FFM y será votada el mes próximo.
Voz de América