Una firma legal estadounidense que fue contratada por 12,5 millones de dólares por un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió deshacerse del controversial cliente venezolano después que fue acusada de trabajar para un “dictador” socialista, según supo The Associated Press.
Foley & Lardner acordó representar al procurador general de Maduro, Reinaldo Muñoz, reportó el lunes la AP. Documentos presentados ante el Departamento de Justicia muestran que Foley & Lardner, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó 2 millones de dólares para contratar al influyente cabildero Robert Stryk para ayudar a su cliente a aliviar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y entablar conversaciones directas con el gobierno del presidente Donald Trump.
El senador republicano Rick Scott de inmediato criticó el trato. En una carta dirigida a la firma dijo que exhortaría a sus colegas del Senado a seguir su ejemplo y boicotear a la firma hasta que corte lazos con el “peligroso dictador”.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron el jueves que Foley se retiraría del caso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el asunto.
El director de Comunicaciones de Foley, Dan Farrell, se negó a comentar.
“Espero que estos últimos días sirvan como lección para cualquier otra firma de cabildeo, consultores u organizaciones, de que, si apoyas a Maduro y su pandilla de rufianes, no me quedaré callado”, dijo Scott en un comunicado enviado por correo electrónico a AP.
Un funcionario de alto rango venezolano señaló que el revés no desalentaría al régimen de Maduro de buscar un diálogo honesto con el gobierno de Trump. El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema públicamente.
Con información de la Voz de América