La fiscal federal argentina, Cecilia Incardona, imputó al piloto del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza por su posible vinculación con el terrorismo internacional y pidió ante el juez Federico Villena que se profundice la investigación sobre el resto de los tripulantes.
Hasta el momento «surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», indicó el dictamen al que accedió Clarín.
La causa inició por impulso de la fiscalía para «determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó el 6 de junio de 2022, a las 15:30 hs. a bordo de la aeronave Boeing 747-300M Dreamliner, matrícula YV3531, perteneciente a la compañía aérea Emtrasur». Y así, a partir de esas situaciones, determinar si «el vuelo y su tripulación ingresó a nuestro país con alguna finalidad delictiva».
A la fecha, por pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, se realizaron más de 46 medidas de prueba en la causa. Entre ellas los exhortos internacionales, los procedimientos de allanamiento e inspección ocular y los pedidos de informes a las distintas agencias, entre otras.
Después de analizar la documentación incorporada al expediente, Incardona dijo que «deberán ser materia de investigación los datos consignados en los diversos informes». Todos ellos apuntan a la posible relación del piloto iraní con organizaciones terroristas.
«De todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto«, señaló el dictamen.
La firma Qeshm Fars Air «fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a la Quds Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT)».
Por otro lado, la empresa de aviación Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC -una oficina que depende del Departamento de Estado norteamericano- por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la Guardia Revolucionaria Iraní y las Fuerzas Quds, y por transportar armas y personal para Hezbollah.
Por eso, la fiscal imputó al Ghasemi y requirió que la investigación se profundice sobre él «para prevenir y sancionar hechos de terrorismo».
Al fundamentar su decisión, que deja bajo investigación al resto de la tripulación también, la fiscal dijo que se encontró con circunstancias irregulares, que la llevan a indagar «si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas».
En este punto se pidió investigar si eventualmente el proceder del piloto iraní y la tripulación «constituye un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».
Con información de Clarín.