El fiscal federal que dirige la investigación del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, rechaza las afirmaciones de que se le impidió presentar cargos penales en Los Ángeles y Washington y niega haber tomado represalias contra un funcionario del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) que reveló detalles sobre el caso.
En una carta de dos páginas a los republicanos de la Cámara el viernes, el fiscal federal David Weiss en Delaware defendió la larga investigación sobre los tratos financieros de Hunter Biden que terminó el mes pasado con una súplica al Departamento de Justicia que probablemente evita que Biden pase un tiempo tras las rejas.
Weiss, quien fue nombrado para ese puesto por el presidente Donald Trump y mantenido por la administración de Biden, dijo en su carta que el departamento «no tomó represalias» contra Gary Shapley, un agente del IRS que dijo que el fiscal ayudó a bloquear la promoción laboral de Shapley después de que el empleado de la agencia tributaria se había comunicado con los investigadores del Congreso sobre el caso Biden.
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Shapley es uno de los dos empleados del IRS entrevistados por republicanos que realizan investigaciones sobre casi todas las facetas de los tratos comerciales del joven Biden.
Una de las comisiones de investigación, la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, votó para divulgar públicamente el testimonio de los empleados del IRS en el Congreso poco después de que se anunciara el acuerdo de culpabilidad el 20 de junio.
El testimonio de Shapley y un agente no identificado detalló lo que llamaron un patrón de «pasos de investigación lentos» y demoras en las acciones de cumplimiento en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2020 ganadas por el demócrata Joe Biden.
No está claro si el conflicto que describen equivale a un desacuerdo interno sobre cómo continuar con la investigación o un patrón de interferencia y trato preferencial. La política del Departamento de Justicia ha advertido durante mucho tiempo a los fiscales que tengan cuidado al acusar casos con posibles matices políticos en el momento de una elección, para evitar influir en el resultado.
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Shapley también afirmó que Weiss solicitó al Departamento de Justicia en marzo de 2020 que se le otorgara el estatus de abogado especial para llevar los casos fiscales en jurisdicciones fuera de Delaware, incluidos Washington y California, pero se le negó.
En respuesta a ese reclamo, el departamento dijo que Weiss tiene «plena autoridad sobre este asunto, incluida la responsabilidad de decidir dónde, cuándo y si presentar cargos según lo considere apropiado. No necesita más aprobación para hacerlo».
En su carta, Weiss dijo que el departamento le aseguró que si buscaba presentar cargos en un lugar que no fuera Delaware, se le otorgaría un estatus especial para hacerlo. En general, los abogados estadounidenses se limitan a sus propias jurisdicciones cuando presentan cargos penales.
Biden, de 53 años, llegó a un acuerdo con los fiscales federales para declararse culpable de delitos fiscales menores. El acuerdo de culpabilidad también evitaría el enjuiciamiento por un delito grave de posesión ilegal de un arma de fuego como consumidor de drogas, si Biden cumple con las condiciones acordadas en el tribunal. Aparecerá en un tribunal de Delaware a finales de este mes.
La semana pasada, los líderes de los comités de Justicia, Supervisión y Responsabilidad y Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlados por los republicanos, solicitaron en una carta al fiscal general Merrick Garland nueve funcionarios del Departamento de Justicia y dos del FBI para abordar los reclamos de los empleados del IRS.
Weiss dijo en su carta al representante de Ohio Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que estaría dispuesto a discutir esos temas con funcionarios del Congreso, pero reiteró que el caso es una investigación criminal activa y que hay poco más que pueda divulgar en este momento.
Los republicanos han centrado mucha atención en una pista no verificada al FBI que alegaba un esquema de soborno que involucraba a Joe Biden cuando era vicepresidente. La afirmación sin fundamento, que surgió por primera vez en 2019, fue que Biden presionó a Ucrania para que despidiera a su principal fiscal para detener una investigación sobre Burisma, una compañía de petróleo y gas en la que Hunter Biden estaba en la junta.
Mientras tanto, el abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, calificó las investigaciones de los republicanos en múltiples comisiones del Congreso como una «obsesión».
“Desde que tomaron la mayoría en 2023, varios líderes de la Cámara y sus comités han descartado los protocolos establecidos por el Congreso, las reglas de conducta e incluso la ley en lo que solo puede llamarse una obsesión por atacar a la familia Biden”, escribió.
Voz de América