La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, exigió este lunes a las fuerzas de seguridad desalojar decenas de bloqueos de rutas que iniciaron grupos indígenas hace una semana para reclamar su renuncia, al acusarla de fraguar un «golpe de Estado» contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Porras, cuestionada por polémicas investigaciones y allanamientos al tribunal electoral, urgió al Ministerio del Interior acatar un recurso de amparo presentado por empresarios y acogido la semana pasada por la Corte Constitucional, en el que se pide a las autoridades liberar las carreteras bloqueadas.
«Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad con el cumplimiento de la ley y ejerzan inmediatamente la función para la cual fueron nombrados», dijo la funcionaria en un video difundido en redes sociales.
Desde hace ocho días, miles de manifestantes, en su mayoría de comunidades indígenas, mantienen bloqueados varios tramos de carreteras para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, considerados por Estados Unidos desde 2021 como «corruptos» y «antidemocráticos».
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Las protestas fueron convocadas inicialmente por organizaciones indígenas de pueblos del oeste de Guatemala y luego se unieron grupos universitarios, maestros, médicos y otros gremios y grupos sociales de las ciudades.
Según la policía, este lunes se encuentran cerrados más de un centenar de tramos de carreteras a nivel nacional, incluida la capital.
Además, varios negocios, empresas y mercados cerraron sus puertas en rechazo a acciones de la fiscalía como los allanamientos al tribunal electoral y la inhabilitación del partido Semilla de Arévalo, que sectores locales y la comunidad internacional ven como un atentado a la democracia.
El opositor Arévalo, de 64 años, considera que Porras, Curruchiche y Orellana lideran un «golpe de Estado en curso» para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.
El pasado fin de semana, la Corte Constitucional otorgó otro amparo a un grupo de abogados particulares para blindar la toma de posesión presidencial, pero las protestas persisten y los organizadores señalan que están en un «paro indefinido» hasta lograr la renuncia de Porras.
«Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito», reclamó Porras, quien ha descartado en varias ocasiones renunciar.
El ministro del Interior, Napoleón Barrientos, dijo que delegados de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó la noche del domingo a Guatemala para mediar y buscar una solución al conflicto.
AFP