La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este martes en su sede en La Haya la primera audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presentó su apelación contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. Sin embargo, la fiscalía del organismo rechazó los argumentos.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, expresó la Fiscalía de la CPI.
Luego subrayó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía, no es un vehículo para que el Estado pueda disputar los crímenes presuntos ocurridos, como se ha hecho. El objetivo de la notificación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”.
La Sala en esta audiencia de apelación está integrada por el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente; el magistrado Piotr Hofmański; la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el magistrado Solomy Balungi Bossa; y el magistrado Gocha Lordkipanidze.
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En representación del régimen de Nicolás Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.
“La Sala no pidió a Venezuela que tomara medidas contra los acusados. La Cámara, en la mayoría de los casos, observó que los sospechosos no habían sido identificados y esto atenta contra el avance del proceso”, justificaron los fiscales.
Por su parte, los abogados de la Defensoría Pública de las víctimas, expresaron: “El fiscal debe identificar grupos o categorías de individuos pero no ciudadanos específicos. Lo que se requiere es que el Estado aporte información pertinente, aprobante y específica que muestre los pasos investigativos que se han probado”.
“La sala concluyó que Venezuela tomó pasos limitados respecto al avance de las investigaciones”, agregaron.
Con información de Infobae