La fiscalía panameña pedirá ocho años de cárcel contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por presunto espionaje a opositores, dentro del nuevo juicio que enfrenta el exmandatario desde este miércoles en un caso por el que había sido absuelto anteriormente.
Martinelli llegó a la audiencia, en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá, como copiloto de un lujoso auto, del que se bajó con andador.
A paso lento se dirigió al juzgado, en medio de una maraña de periodistas y policías que lo esperaban a la entrada y entre vítores de algunos seguidores.
El expresidente, de 69 años, enfrenta cargos por la presunta comisión de dos delitos: interceptación de telecomunicaciones, y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.
«Las pruebas son irrefutables» contra Martinelli, manifestó la fiscal Diana Callender durante la presentación del caso.
«La pena máxima es de cuatro años para cada delito, así que pudiera enfrentarse a una pena máxima de 8 años y es lo que tenemos nosotros pensado» pedir al tribunal, señaló a la AFP el fiscal superior, Ricaurte González.
Según las acusaciones, Martinelli habría ordenado a los aparatos de inteligencia del Estado panameño espiar, entre 2012 y 2014, a unos 150 opositores a su gobierno.
El expresidente ya fue juzgado por este caso en 2019 y la fiscalía pidió entonces 21 años de cárcel contra él por la presunta comisión de cuatro delitos por espionaje y peculado.
El tribunal que lo juzgó entonces lo declaró «no culpable», pero un año después un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio sin las acusaciones de peculado.
«Este es un juicio político que ya fue juzgado, no he sido imputado, ya está prescrito y sin embargo quieren políticamente hacer una mofa de esto», dijo Martinelli a su llegada al juzgado.
«Lo que yo quiero aquí es que Panamá se reconcilie y eche para adelante (…), no perder el tiempo en esta babosada», añadió el exgobernante.
Martinelli, un multimillonario magnate de los supermercados, ganó la presidencia en 2009 con un fuerte discurso contra la clase política y la corrupción.
Pero tras finalizar su mandato la justicia panameña lo investigó por múltiples escándalos durante su administración, de la que una docena de ministros terminaron detenidos.