El pase sanitario, impuesto en Francia al público desde este verano boreal para luchar contra el covid-19, es a partir de ahora obligatorio en el trabajo para 1,8 millones de empleados en restaurantes, cines, museos o trenes de largo recorrido.
Hasta el 15 de noviembre, los empleadores deberán verificar la validez del pase de su personal trabajador en contacto con el público, así como quienes intervienen en «lugares, establecimientos, servicios o eventos» listados por el ministerio de Trabajo, en especial bares, teatros, autobuses interregionales, aviones, parques de atracciones, zoológicos, ferias o algunos centros comerciales.
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El pase es válido con una vacunación completa, un test negativo de menos de 72 horas o una atestación de haber padecido y superado el covid-19.
El portavoz del gobierno francés Gabriel Attal prometió «una semana de flexibilidad» antes de aplicar eventuales sanciones que pueden llegar hasta un cierre administrativo.
«Si al cabo de varias semanas» algunos empleados «no tienen un pase sanitario» la empresa «ingresará en un sistema de suspensión de contrato de trabajo» lo que es una «decisión grave», subrayó Benoît Serre, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Recursos Humanos (ANDRH) en la radio Franceinfo.
Según la dirección general de Salud, más de 48 millones de franceses han recibido al menos una dosis de vacuna (71,8% de la población total) y más de 43,5 millones tiene la vacunación completa.
El pase sanitario, aprobado por una mayoría de franceses (entre 64% y 77% según un sondeo reciente), es no obstante cuestionado por una minoría que se manifiesta desde hace varios sábados en las grandes ciudades de Francia.
El sábado pasado, fueron unas 160.000 personas que desfilaron en las 222 marchas registradas en todos el país, incluyendo a París (donde hubo 14.500 manifestantes), una movilización en retroceso desde hace tres semanas.