Escuelas cerradas, trenes anulados y una caída de la producción eléctrica marcan este martes una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, que, tras perder la batalla de la opinión, espera lograr el apoyo del Parlamento.
«Hay mucha ira contra esta reforma», indicó a la AFP un guardia de seguridad en Marsella (sur), que pidió el anonimato. «Trabajar hasta 64 años o más es muy duro, sobre todo en nuestros oficios», agregó.
Casi dos semanas después de sacar a la calle a 1,12 millones de personas, según las autoridades –el doble, para los sindicatos–, los opositores esperan muchos más manifestantes en Francia, donde el rechazo a la actual reforma progresa en la opinión pública.
«Si la primera ministra [Élisabeth Borne] no entendió el mensaje, hoy se lo diremos más alto, más fuerte y más numerosos», dijo a los medios BFMTV y RMC el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez.
Las dos medidas que cristalizan el rechazo a la medida son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años –y no 42 como ahora– para cobrar una pensión completa.
Aunque el gobierno llamó a que la oposición «enriquezca» su proyecto durante el trámite parlamentario iniciado el lunes, Borne dijo que la edad de 64 años «ya no era negociable», enfureciendo a la oposición de izquierda que pidió una «moción de censura popular» en las calles.
«Estamos viviendo un día histórico. El señor Macron está seguro de perder», dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, al inicio de la manifestación en Marsella, donde pidió que la reforma se someta a un «referéndum» de los ciudadanos.
– Caída de producción eléctrica –
Alrededor de 250 manifestaciones –en París, a partir de las 14H00 (13H00 GMT)– están convocadas. El gobierno movilizó 11.000 policías y gendarmes. Los servicios de inteligencia esperan un total de 1,2 millones de manifestantes como máximo.
La jornada comenzó con una huelga muy acatada en los transportes, particularmente en el metro de París, los trenes de cercanías de la región y los ferrocarriles de provincia, donde la frecuencia era muy baja.
En la educación obligatoria, el paro fue menor que hace 12 días: 25% de docentes según el gobierno, el doble para los sindicatos.
La huelga en el sector energético provocó una caída de producción en las centrales nucleares de «casi 3.000 MWh», según la empresa EDF. Entre un 75% y un 100% del personal de las refinerías y de los depósitos de TotalEnergies se unieron al paro, según la CGT.
La nueva jornada de protesta podría aumentar la tensión en la Asamblea Nacional (cámara baja), que comenzó la víspera el examen en comisión de la reforma y que tiene menos de una semana para debatir las 7.000 enmiendas presentadas antes de que llegue al pleno el lunes.
Con el rechazo ya anunciado del frente de izquierdas Nupes y de la extrema derecha, el gobierno espera el apoyo del partido de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma pero dividido sobre sus características.
– El FMI, al rescate del gobierno –
Desde su llegada al gobierno en 2017, Macron, de 45 años, defendió su voluntad de «sacudir» el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones han impulsado su imagen de «presidente de los ricos», como durante la protesta social de los chalecos amarillos.
La reforma de las pensiones es clave en su estrategia. Después que la pandemia le obligara a retirar un primer intento, el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan si el Parlamento no se pronuncia para finales de marzo.
El rechazo a la reforma se sitúa actualmente en torno al 70%, según los sondeos. Además, según una encuesta de Odoxa, dos de cada tres franceses consideran a Macron un mal presidente y a Borne una mala primera ministra.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió el lunes al rescate de este exbanquero de negocios, al expresar su apoyo a una reforma, que junto a la aprobada sobre el seguro por desempleo, permitiría que Francia reduzca su deuda pública, situada por encima del 110% del PIB.
AFP