Las estaciones de gasolina que se ubican en Los Andes, al occidente de la geografía venezolana, son lo más parecido a la “tierra de nadie”. Desde que se entra hasta que se sale de cualquiera de ellas, el control es ejercido por policías o militares corruptos, por miembros de los denominados “colectivos” o por guerrilleros que han encontrado, en el tráfico de combustible, una nueva forma de hacer dinero.
Aunque la aseveración pareciera nuestra, la verdad es que se trata de una versión manejada por la periodista Sebastiana Barráez, quien obtuvo la declaración de un ex activista del chavismo. Se trata de un dirigente vecinal que decidió distanciarse al notar que “todos manejan una gasolinera y cobran precios exagerados por el combustible”.
La fuente, que habló en condición de anonimato, comentó a Barráez que la dictadura de Maduro emplea las estaciones de servicio como forma de pago a quienes les hacen favores. En el caso de los “Colectivos” (grupos de civiles armados, que actúan como fuerzas de choque) “es la manera en [la] que (…) cobran porque no pertenecen a nóminas de presupuesto”.
El hombre reveló que existen grupos de WahtsApp en los que se aporta información precisa sobre los nombres de las bombas y de las personas que, de ellas, se encuentran apoderadas. También se indica si hay o no combustible e, incluso, se negocian cupos que le facilitan al usuario reservar un puesto dentro de las filas para la gasolina.
Esos grupos también son empleados para ofrecer “delivey” de combustible o gas doméstico. Los encargados de tales prácticas son funcionarios policiales (o sus esposas), quienes se “rebuscan”, haciendo el reparto a domicilio.
En las estaciones de gasolina de la región andina todo se transa en dólares o pesos colombianos. El bolívar, la moneda de curso oficial en Venezuela, es un mero elemento decorativo.