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Fundaredes denunció ante la CIDH presencia de paramilitares en la frontera

El presidente de Fundaredes Javier Tarazona, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  la presencia de grupos armados irregulares del ELN, FARC, EPL, FBL, y células Paramilitares a lo largo de la frontera Colombo – Venezolana.

Tarazona sentenció que  los irregulares actúan con la mirada «complaciente del Estado venezolano».

«En Venezuela se vive una emergencia humanitaria compleja (…) la cual se agrava con las condiciones de conflictos armado por la presencia de grupos terroristas en nuestro territorio».
A juicio del dirigente,  toda esta presencia genera un contexto opresivo y violento en el país, el cual tiene presencia de grupos terroristas en 21 estados.

La Curva de la Violencia

El primer trimestre del año 2021 dejó en evidencia la gran vulnerabilidad de la población venezolana frente a los cuerpos policiales y militares que deben ofrecerle protección a la ciudadanía.

El resultado de la curva de violencia del primer trimestre del 2021  monitoreo y documentó en tres unidades de análisis: homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos, que constituyen los principales delitos en los seis estados fronterizos del país objeto de estudio: Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia durante los primeros tres meses del año.

Las cifras demuestran que los organismos de seguridad se constituyeron en los principales responsables de las muertes violentas en estas entidades.

La presencia de grupos armados irregulares en poblaciones de la frontera venezolana y su actuación y expansión suman factores de potencial riesgo que inciden en los hechos violentos.

La responsabilidad de organismos del Estado venezolano -ya sea por acción u omisión- en la penetración de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano en territorio venezolano representa una vulneración constitucional a su deber de resguardar la vida e integridad de los ciudadanos, así como de velar por la seguridad y soberanía de la Nación.

Entre enero y marzo de 2021 la Curva de la Violencia documentó 306 homicidios en los 6 estados objeto de estudio. De ese total, 161 murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad; es decir, 52,61% de las víctimas perdieron la vida a manos de uniformados que deberían ofrecer protección a la población.

En el primer trimestre de 2021 ocurrieron 113 presuntos enfrentamientos que involucran a organismos de seguridad del Estado y que dejaron 161 víctimas. Estos hechos generalmente son considerados ejecuciones extrajudiciales por expertos en seguridad ciudadana y derechos humanos, aunque son reportados oficialmente como enfrentamientos para justificar el uso de las armas.

Los presuntos enfrentamientos fueron la primera causa de muertes violentas con uso de armas durante el primer trimestre de 2021.

Los principales organismos de seguridad involucrados fueron las policías regionales de Zulia, Bolívar y Falcón; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Ejército y las policías municipales. También participaron grupos armados irregulares de origen colombiano.