Un llamado a los sectores que faltan por sumarse a la iniciativa de la Consulta popular, a que lo hagan en pro del cambio que urge en Venezuela, hizo el Presidente (e) Juan Guaidó, durante la juramentación del Comité Organizador de la Consulta Ciudadana.
“Hoy hago un llamado a todos los sectores que faltan por sumarse a esta iniciativa, que pueden expresarse también a través de la Consulta, participando o no; a que se sumen. La invitación es a que participen, la invitación es a movilizar la mayoría. Esta no es una Consulta de un nombre; esta es una Consulta de toda una sociedad y del Parlamento nacional”.
Durante el acto, realizado este martes antes del inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional; Guaidó agradeció a los miembros del Comité la “valentía” que muestran al asumir la responsabilidad del trabajo por hacer; y de enfrentar a la dictadura a través de un mecanismo de expresión.
La junta quedó integrada por Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaime Branger, Enrique Colmenares Finol, Horacio Medina, Isabel Pereira Pizani, Estefanía Cervó y Rafael Punceles.
“Ustedes representan hoy la valentía, resistencia y sobrevivencia de una nación que se niega a doblegarse, que se quiere expresar, que quiere manifestar su voluntad, que sabe y puede ejercer su mayoría. Ustedes son producto de una decisión del Parlamento, no de Juan Guaidó, no de una persona, de una individualidad; sino de una cantidad de factores y sectores sociales que hoy están aquí acompañándolos en esta valiente decisión”.
El también Presidente de la AN, pidió “no atacar” a la Consulta Ciudadana, de la que dijo es un “mecanismo natural, constitucional, democrático, no violento, de expresión popular necesario” cuando se enfrenta a una dictadura.
Sobre la llamada Ley Antibloqueo del régimen; dijo que “no se puede llamar Ley a un adefesio que no emana del Parlamento nacional”.
Finalmente comentó que el régimen cree que cambiándole el nombre a una autopista, puede distraer a los venezolanos, de los problemas que ellos crearon.
“Si quieren honrar el nombre e Guaicaipuro, entonces defiendan a los pueblos indígenas. Eres un hipócrita, Maduro”.
Por su parte, el diputado Alfonso Marquina, destacó que el régimen pretende aprobar una aberración jurídica, porque la única casa que puede hacer leyes es la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo.
«Las leyes en Venezuela «solo pueden ser aprobadas» por la Asamblea Nacional (AN), que sí goza de reconocimiento internacional».
«El régimen quiere ahora defender los derechos humanos de los venezolanos, cuando son ellos los primero que han violado los DDHH y además han acabo con un país y su economía».
Afirma además que el régimen pretende justificar la aprobación de este «adefesio» para la defensa de los derechos humanos; irónicamente presentada por un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y denunció que antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85%.
Marquina, destacó que «Ley Antibloqueo» que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por petición del Nicolás Maduro y su intención de hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su Gobierno es una completa aberración.
Añadió además que esta aberración autoriza a Maduro a endeudarse con quien quiera por el monto que quiera y cuando quiera, sin control del Parlamento y sin control previo de ningún ente del Estado venezolano».
El referido Acuerdo advierte que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento «paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente».
«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», declaró Marquina.