La justicia haitiana, representada por su máximo órgano, el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), instruyó la salida del poder del presidente Jovenel Moïse. De acuerdo con una resolución del CSPJ, el mandato de Moïse culminó este domingo, 7 de febrero.
Sin embargo, el gobernante niega esa posibilidad. De acuerdo con sus palabras, a su Ejecutivo aún le restan 12 meses de vigencia que, según ha dicho, piensa dedicar “a la reforma del sector energético, la realización del referendo y la organización de las elecciones”.
En Haití, los periodos presidenciales tienen una duración de cinco años e inician el 7 de febrero posterior a los comicios en los que se escoge el primer mandatario.
Aunque la Constitución es clara en ese sentido, la diferencia de criterios entre el Consejo Superior y el jefe de Estado radica en la fecha de inicio del término presidencial.
Para el CSPJ, Jovenel Moïse comenzó a gobernar en 2016, luego de triunfar en las elecciones que se celebraron en 2015. Sin embargo, esas votaciones fueron invalidadas por aparente fraude y repetidas en 2016. Moïse también ganó los comicios y, en definitiva, tomó posesión del cargo en febrero de 2017.
Tal disparidad ha generado una crisis política en la que la oposición también ha tenido su parte. En los últimos años, los adversarios del actual Ejecutivo han hecho campaña en contra de la corrupción y la inseguridad que impera en Haití.
Tales irregularidades, sumadas al descontento derivado de ellas, han generado una serie de protestas en las que se demanda la dimisión de Jovenel Moïse. Las manifestaciones han sido tildadas por el presidente como un intento de golpe de Estado.
Sobre la base de esa premisa, las fuerzas de seguridad arrestaron, tan sólo este domingo, a por lo menos 20 personas. Entre ellas se encuentran Irvikel Dabresil, juez de la Corte Suprema, y Antoinette Gauthier, inspectora general de la Policía. Ambas personalidades se han mostrado contrarias al primer mandatario.