Human Rights Watch (HRW) denunció que, cinco días después del estallido social que se registró en Cuba, hay “cerca de 400 personas” detenidas/desaparecidas en la isla.
“Se desconoce el paradero de muchos de ellos. En muchos casos, el régimen ha detenido a activistas y periodistas reconocidos con el aparente propósito de impedir que participen en las manifestaciones o que reporten sobre estas”, aseguró José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de esa ONG.
En una serie de posteos en su cuenta de Twitter, Vivanco además resaltó que “varios han sido detenidos al salir de sus casas o cuando caminaban por la calle”. En tanto, reveló que “hasta ahora, hemos documentado la detención de 7 periodistas: Henry Constantín, Neife Rigau, Iris Mariño, Niober García (liberado), Rolando Rodríguez (liberado), Orelvis Cabrera, Camila Acosta (liberada)”.
En tanto, Vivanco explicó que “en otros casos, las fuerzas de seguridad han detenido de forma arbitraria a personas de a pie que participan pacíficamente en las protestas, así como a transeúntes. También han ido a buscar a manifestantes a sus casas luego de supuestamente reconocerlos en fotos o videos”.
“Hemos recibido denuncias creíbles de golpes a personas tanto durante la detención como una vez que ya estaban detenidos”, sostuvo el ejecutivo, que además aseguró que “en la enorme mayoría de las detenciones arbitrarias que hemos documentado, los detenidos se encuentran incomunicados. No les permiten llamar a su familia o a sus abogados, ni recibir visitas”.
Vivanco además destacó que “muchas personas en Cuba aún no saben dónde se encuentran sus familiares detenidos. Muchas madres van de estación de policía a estación de policía preguntando por ellos”.
“Muchos cubanos han superado el miedo pero otros siguen atemorizados ante los enormes riesgos de sufrir abusos o represalias. Hemos hablado con personas que están escondidas por temor a ser detenidas o que no quieren denunciar detenciones por temor a perder su empleo”, afirmó Vivanco.
En esa línea, el representante de HRW en el continente americano sostuvo que si bien “algunas personas han sido liberadas en los últimos días”, la ONG tiene evidencias de que “en muchos casos, agentes de policía o inteligencia les imponen una medida de prisión domiciliaria o restricción de movimiento”.
“Pero nunca los presentan ante un juez o fiscal ni les dan posibilidad de objetar esta medida. Simplemente se aparece un policía frente a sus casas y les dice que no pueden salir. Y les cortan internet”, detalló.
Vivanco también aseguró que “mientras tanto, muchos están siendo investigados por supuestos delitos de ‘desacato’, ‘instigación a delinquir’ o ‘desorden público’: todas figuras amplias y abusivas”.
“Todo esto ocurre en un país donde el poder judicial está subordinado al ejecutivo, la prensa libre está prohibida, la defensa de DDHH no es reconocida como una actividad legítima, las garantías de debido proceso se violan constantemente y el régimen controla el acceso a internet”, lamentó.
Por último, concluyó que “sin una presión internacional concertada e inteligente que obligue a Díaz-Canel a poner freno a los abusos y la censura, es probable que nunca conozcamos plenamente la represión que ha ocurrido estos días”.