Los déspotas pueden cometer crímenes en tanto concentren todo el poder en sus manos, valga la redundancia. El problema es que el poder es siempre un recurso finito, en cantidad así como en duración. Exactamente eso deben estar pensando en el Kremlin, el histórico complejo edilicio que aloja al gobierno de la Federación Rusa.
Pues la Corte Penal Internacional libró una orden de arresto contra Vladimir Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la “Comisionada por los Derechos del Niño de la Oficina del Presidente”. El propio título del cargo no podría ser más obsceno, pues se les acusa de “ser presuntos responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y la transferencia ilegal de población (niños) desde áreas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa desde el 24 de febrero de 2022″.
Por ahora la causa se halla localizado en la Sala de Cuestiones Preliminares; no obstante, la geografía de Vladimir Putin ya se ha encogido, su poder despótico ha sido literalmente restringido. Y por supuesto la pregunta que se deriva de este escenario es acerca de sus consecuencias internas, en especial en la burocracia militar y entre los oligarcas, y cuál será la información que llegará a la sociedad. Putin es un pasivo cada vez más pesado para Rusia. Todo déspota que haya pasado por La Haya alguna vez tuvo “todo el poder en sus manos”.
La orden de captura librada por la corte constituye un gran logro reputacional del gobierno de Zelensky y de su fiscal, Andriy Kostin. De hecho, su oficina ya había reportado el secuestro y deportación a Rusia de alrededor de 15 mil niños, documentando un total de 67 mil crímenes de guerra, 155 casos de violencia sexual entre ellos. Esta decisión también es un respaldo tácito a las activas gestiones de Kostin para llevar a los lideres rusos ante un tribunal internacional para juzgarlos por el crimen de agresión.
El “Nuremberg de Putin” requiere un amplio consenso internacional, la Corte Penal Internacional acaba de enviar una poderosa señal de apoyo a tal efecto. Dicho consenso, sólido en Europa y América del Norte, sin embargo debe fortalecerse en las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos. Para ello es que el fiscal de Ucrania pasó por Nueva York y Washington.
Pues en la OEA se despliegan todas las duplicidades latinoamericanas en relación a esta crisis. Alcanza con revisar los amplios acuerdos de cooperación militar con Rusia y el voto de apoyo de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela en foros internacionales, ello además de las acostumbradas abstenciones de Argentina, Brasil y México.
Todo ello, a su vez, explica los histéricos ataques de TASS a Luis Almagro por promover las resoluciones que condenaron la invasión de Rusia y suspendieron su status de observador de la OEA. Y en especial por su apoyo a la creación de un tribunal internacional para juzgar a los líderes rusos.
Ocurre que un criminal de guerra no tiene aliados; sólo tiene cómplices y encubridores. A propósito, Maduro cada vez tiene más en común con Putin, ambos son tema de interés en la Corte Penal Internacional y la OEA tiene mucho que ver en ello.
En 2017 Luis Almagro organizó un proceso de audiencias en la OEA con víctimas y familiares para recabar información sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lo hizo sin demasiado acompañamiento y escuchando que no había “caso” con demasiada frecuencia, aún de voces vinculadas al campo de los derechos humanos. No obstante, el resultado fue un demoledor informe de 400 páginas.
En él, un grupo de juristas internacionales documentó que, de las once categorías de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, siete fueron cometidos por el gobierno de Maduro. A saber, más de 8 mil asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometido por fuerzas regulares y paramilitares; 12 mil casos de detención arbitraria, casi todos con la complicidad de jueces y fiscales; 289 casos de tortura, muchos de ellos acompañados de violencia sexual. Y eso solo hasta 2017.
En septiembre de 2018, seis países del hemisferio solicitaron a la Corte Penal Internacional abrir un proceso contra funcionarios del régimen de Maduro para investigar los crímenes denunciados, la primera ocasión que Estados miembro del Estatuto de Roma refieren ante el tribunal a otro Estado miembro. Acompañaron la petición con el informe de la OEA.
Así fue como la Fiscalía de la Corte corroboró que civiles y militares miembros del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes contra la humanidad: detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual entre otros. Ratificando que hubo persecución contra grupos civiles por motivos políticos, la Fiscalía admitió el caso en virtud de la inacción del Estado para determinar la responsabilidad penal de personas sospechadas de haber cometido dichos crímenes.
Esas personas están hoy bajo investigación criminal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Maduro también tiene su geografía encogida, a propósito de tener tanto en común con Putin. No debe estar muy tranquilo con la orden de arresto de su “aliado”.
Vuelvo a lo anterior, un criminal no tiene aliados; tiene cómplices. Y a propósito de lo que se juega en la OEA en estos tiempos, en el Kremlin no son pocos los que sueñan con tener uno de esos cómplices en Washington DC, bien ubicado en una elegante oficina de la calle 17 con vista a la mismísima Casa Blanca. A buen entendedor…en política no hay lugar para las ingenuidades.
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