El hijo de un embajador colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999 logró que la Justicia estadounidense le dé acceso a $190 millones de dólares que organizaciones asociadas a la guerrilla colombiana hayan guardado en Estados Unidos como resarcimiento por daños. Cerca de US$42 millones de ese total intenta cobrarlos de una cuenta financiera que Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA, tiene en Connecticut. Un juez de ese estado ya habilitó el trámite, pero abogados salvadoreños y del gobierno de Venezuela intentan evitarlo.
El caso de Antonio Caballero, el hijo del hombre asesinado por las FARC, abrió un camino a una acción judicial que considera a Alba Petróleos de El Salvador (APES) y a su casa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como “agencias o instrumentos de las FARC”, de acuerdo con documentos oficiales de la justicia estadounidense a los que Infobae ha tenido acceso.
El 16 de octubre de 2020, Caballero formalizó una acción legal en una corte distrital de Connecticut, un pequeño estado en el noreste de Estados Unidos, para recuperar el dinero. Basado en un juicio de 2014 que ganó en Florida y le otorgó acceso a los fondos y activos de las FARC y de los “instrumentos o agencias” de la organización terrorista, el demandante “actuó para asegurar una cuenta financiera administrada en favor de Alba Petróleos de El Salvador SEM de CV por Interactive Brokers, LLC de Greenwich, Connecticut”.
En 2020, cuando Caballero emprendió su acción judicial en Connecticut, las FARC aún eran consideradas una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un año antes, en enero de 2019, el Departamento del Tesoro estableció sanciones contra PDVSA. Tres meses después, en marzo de ese año, las sanciones se extendieron a las filiales centroamericanas de la estatal venezolana, como Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua.
El fallo a favor de Caballero fue uno de los que abrió las puertas para que el nexo entre las FARC y las operadoras del petróleo venezolano quedará establecido en registros judiciales estadounidenses y a una decena de demandas de resarcimiento similares a partir de 2019. Caballero es el único que, hasta ahora, ha encontrado activos de Alba Petróleos en Estados Unidos.
El 19 de enero de 2021, un funcionario del condado de Hartford, en Connecticut envió por correo certificado a Interactive Brokers copia de la resolución judicial que permite a Antonio Caballero reclamar US$41 millones de Alba Petróleos. Una copia de la resolución y el atestado judicial fue enviado también a la sede de Alba Petróleos en San Salvador el 15 de enero de 2021.
El reclamo judicial que en Estados Unidos relaciona a Alba Petróleos con las FARC hace eco, década y media después, de las primeras informaciones que vincularon, en 2008, a la guerrilla colombiana con el conglomerado salvadoreño a través de José Luis Merino, un exguerrillero salvadoreño del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reconvertido en funcionario de Estado y en uno de los operadores políticos y financieros más influyentes de El Salvador a partir de finales de los 2000.
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