El abogado, Jesús Reyes, respondió dudas a la audiencia del programa La Mañana de EVTV a propósito de la orden ejecutiva del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que otorga la Salida Diferida Obligatoria (DED) a los venezolanos con lugar en ese país para el 20 de enero.
Preguntado si los pertenecientes a la nación caribeña con medida de deportación deben inscribirse a través de alguna plataforma web para recibir el amparo, Reyes explica que quienes califiquen para el beneficio pueden aplicar a un permiso de trabajo y así obtener una identificación, como por ejemplo una licencia de conducir, que certifique el estatus legal de la persona.
Sobre los venezolanos con un proceso migratorio en camino que manifestaron interés en el DED, indica que ese es un beneficio oportuno para quienes no poseen estatus alguno dentro del país norteamericano por lo que sería contraproducente para los aspirantes a la visa americana o ciudadanía.
El doctor recuerda que el amparo solo aplica para aquellos venezolanos que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos para el 20 de enero y no significa una invitación a optar por el mecanismo migratorio para quienes se encuentran fuera de ese país. «Si fuera un amparo habrá todos habría un éxodo masivo», comenta.
Asimismo, destaca que la diferencia entre el Estatus de protección temporal (TPS) y el DED, es que ambas órdenes vienen de poderes distintos. En el caso del primero, es un proceso que debe pasar los juristas de Departamento de Estado y el segundo solo necesita la firma del presidente de los Estados Unidos.
Quienes estén en calidad de turistas para la fecha asignada deben permanecer en ese estatus hasta pasar a una figura deportable para aspirar al amparo migratorio, explica el abogado. También, explica que quienes hayan pedido una extensión de la estadía a causa de la pandemia deben abandonar la permanencia lícita para optar al DED.
Reyes no descarta que el beneficio otorgado a los venezolanos por el ex presidente Trump se convierta en un TPS durante la administración. Esa transformación de la protección migratoria significarían 36 meses en los que los connacionales del país caribeño estarían bajo un estatus legal y temporal.
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