El general venezolano Hugo Carvajal volvió este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para declarar en la causa que ha reabierto sobre una presunta financiación irregular de Podemos y lo hizo de manos vacías, sin aportar documentación que sustente sus afirmaciones.
A cambio, ofreció al juez proporcionar una reducida lista de posibles testigos, todos venezolanos afincados en España y otros países europeos que, considera, podrían ratificar lo que él viene apuntando e incluso aportar las pruebas de las que él carece, como adelantó ABC.
El ofrecimiento, verbal, habría de materializarse en las horas siguientes dando la lista de nombres al secretario judicial. Ese fue el pacto. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, el juez prevé citar a esas personas, que se consideran cualificadas para informar sobre este asunto porque lo conocerían de primera mano, y hacerlo en calidad de testigos protegidos. Uno de ellos podría ser, según las fuentes consultadas, el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. El objetivo, seguir investigando los hechos que Carvajal puso en su conocimiento para dirimir si efectivamente se consolidan indicios de delito.
Carvajal está en la cuenta atrás para frenar su extradición y su propio entorno es consciente de que salvo sorpresa, y lo sería que el Contencioso de la Audiencia Nacional ordenase parar máquinas en tanto resuelve el recurso que ha presentado contra la denegación de asilo en España , tiene los días contados.
Durante la comparecencia, ratificó lo ya declarado por escrito y concretó detalles a petición del juez y el fiscal, pero no aportó documentación adicional ni nuevas revelaciones, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC. Sí dijo que los testigos que proponía tendrían conocimiento directo, cuando no evidencia documental, de cuanto viene afirmando.
Hasta ahora, lo que ha aportado es un relato en primera persona y más allá de eso, dos resoluciones del Ejecutivo venezolano que autorizaban pagos a personas vinculadas al origen de Podemos. Una de ellas data de 2008, es en beneficio de Fundación CEPS y ya fue descartada por la Justicia. La otra, más controvertida, es ya de 2013 y recoge como ordenado un pago a Carolina Bescansa, que lo niega, y otros dos sociólogos a través de una empresa gestionada por un venezolano que ahora reside en España.
Hubo un tercero, otro punto de cuenta -autorización de pago- en beneficio del bufete que dirige en España Baltasar Garzón, también con cargo a la petrolera estatal venezolana Pdvsa. Al margen de que, como informó este diario, el despacho de abogados ha negado la veracidad del documento, para las fuentes jurídicas consultadas por ABC, no tiene relevancia en esta causa.
Escenario más complicado sería el de Bescansa, pues la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año una serie de movimientos relacionados con fondos venezolanos en una empresa con la que tendría relación.
Esa investigación, que sigue en una fase muy embrionaria y está en manos de la UDEF, podría acrecer si se entiende que lo aportado por el Pollo, que coincide en buena medida con parte de lo actuado, se les debe remitir o se puede acumular, según las fuentes consultadas por ABC. En la Audiencia Nacional quien gobierna el asunto es su Fiscalía ordinaria, que llevó la causa por presunta financiación irregular de Podemos en el año 2016, cuando fue archivada.
La última baza de su defensa
La defensa de Hugo Carvajal confía aún en poder paralizar la extradición a Estados Unidos, que está a falta de un auto que resolverá el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional este mismo viernes. Alegan que la doctrina europea establece que la vía administrativa de un recurso no se agota hasta que no se pronuncia un tribunal. Y en este caso lo que recurren es la desestimación del asilo en España y la única instancia que ha resuelto al respecto ha sido el Ministerio del Interior. El Contencioso cerró la puerta a la medida de urgencia, pero aún debe resolver sobre el fondo. Está por ver si esta instancia o la propia Sala de lo Penal acuerdan parar de nuevo la entrega mientras tanto.
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