Nuevo revés para el régimen de Nicolás Maduro en el caso del avión venezolano-iraní retenido desde hace más de dos meses en Buenos Aires .
Este jueves tenían previsto salir de Argentina, para volver a Venezuela, 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur, a los que el juez federal Federico Villena les había levantado la prohibición de salida del país. Sin embargo, el beneficio fue suspendido.
El juez concedió el pedido de apelación presentado por la fiscal Cecilia Incardona, por lo que ahora será la Cámara Federal de La Plata la que decida que este grupo de 12 tripulantes -11 venezolanos y un iraní- pueden abandonar la Argentina o deberán permanecer en el país mientras continúa la investigación.
La semana pasada, el juez Villena había decidido mantener vigente la prohibición de salida del país solo para siete de los 19 tripulantes del avión, entre ellos cuatro iraníes y tres venezolanos.
Entre los tripulantes que debían quedarse en el país destacaban el piloto Gholamreza Ghasemi, el copiloto Abdolbaset Mohammadi, el gerente general de operaciones Víctor Pérez Gómez, y el gerente de finanzas Mario Arraga Urdaneta.
Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad del Boeing 747-300, pese a los documentos aportados en el expediente por la empresa venezolana.
La causa ahora podría sumar un condimento político que hasta ahora no tuvo. Las declaraciones del dictador Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, encendieron las alarmas en los tribunales de Lomas de Zamora. “Se puede politizar el expediente”, coincidieron dos fuentes. Ahora las miradas están puestas en la reacción del gobierno argentino ante la campaña del gobierno de Maduro.
Rodríguez fue muy duro con la fiscal Incardona. La trató de “ladrona” y dijo que “el mismo día que firmó el adefesio ese (por la apelación) visitó la embajada de Estados Unidos” y la de Israel. Según pudo saber Infobae, esas visitas nunca ocurrieron.
Incardona apeló el fallo de Villena argumentando que todavía hay medidas de prueba pendientes. Ese dictamen, sin embargo, lleva la firma del fiscal Sergio Mola, el otro fiscal de Lomas de Zamora que está colaborando con Diego Luciani en el juicio de la obra pública, porque Incardona estaba de licencia.
“Cecilia Incardona recibe instrucciones directas de Estados Unidos. Eso es una podredumbre, es un sistema judicial arrodillado”, agregó Rodríguez en el mismo acto.
Por esos dichos, la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo manifestó su preocupación ante el procurador general interino Eduardo Casal. Horas después, un funcionario de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, le mandó una carta a la Cancillería para trasmitirle “la profunda preocupación institucional” por las declaraciones de Rodríguez.
Con información de Monitoreamos.com e Infobae