Este martes, el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sostuvo que ante la operación de «blanqueamiento» de varios países latinos hacia el régimen de Nicolás Maduro, hay que responder «que la máquina de represión sigue estado allí y que los crímenes de lesa humanidad, no son parte del pasado, sino que conforman nuestro triste presente».
«La represión está viva lo vemos en el caso de los dirigentes sindicales que están detenidos y que son solo una muestra. Desde enero hasta el día de hoy, han sido detenidos 22 representantes sindícales, de los cuales 19 se encuentran ahora en régimen de representación, es decir, no tienen libertad plena», indicó durante La Entrevista.
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En conversación con Miguel Ángel Rodríguez, señaló que en el caso de los empleados de Sidor, se le acusaron de «boicot, asociación para delinquir y hostigación al odio, de acuerdo a información extraoficial de los activistas de derechos humanos de la zona».
«Esto es básicamente lo que esperábamos, estás son las apuntaciones típicas que se utilizan contra quienes tienen una opinión disidente y además, en este sentido, quisiera señalar, estas imputaciones siempre se hacen de manera genérica», detalló.
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Respecto a las nueves leyes impuestas por la dictadura venezolana, Daniels destacó que existen dos. «Una de cooperación internacional que todavía no ha sido presentada a discusión (…) y la segunda de fiscalización que promueve Diosdado Cabello, esta si fue aprobada en primera discusión , y de las dos es más grave».
«Si esa ley llega a aprobarse en los términos que está, el derecho a la asociación en Venezuela se muere, se acaba y a partir de ahí no podremos, ninguna de las organizaciones que estamos trabajando en tema de derechos humanos, funcionar como tal (…) La respuesta que hemos dado es que si se aprueba tenemos que actuar en tema personal», sentenció.
Daniel advirtió que con este camino, Venezuela sería una nueva Nicaragua.