El régimen de Nicolás Maduro y la presidencia encargada del líder opositor Juan Guaidó protagonizan esta semana un nuevo round -y posiblemente decisivo- en su prolongada batalla por la administración de centenares de millones de oro venezolano reservados en Inglaterra.
La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó el año pasado que Guaidó debería ser reconocido como el jefe de estado del país latinoamericano, siguiendo la posición del gobierno británico, y que tenía la autoridad para determinar el futuro de 31 toneladas de lingotes.
El Tribunal Superior ahora se enfrentará a la novedosa pregunta, durante un juicio de cuatro días, sobre cómo tratar los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (STJ) de Venezuela que dicen que los nombramientos de Guaidó para una junta del banco central «ad hoc» son inválidos.
La Voz de América destaca las claves del caso a continuación:
El epicentro del caso
El Tribunal Comercial del Reino Unido inició este miércoles un juicio de cuatro días para determinar si deben reconocerse las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia afín al chavismo, que anuló en meses anteriores las designaciones de la junta administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, secundadas por el líder opositor Juan Guaidó y la bancada legislativa de 2015 que le apoya.
El caso enfrenta a las dos directivas del Banco Central: una que responde a las opiniones e intereses de Nicolás Maduro, desconocido como presidente por el poder político inglés; y otra que hace lo propio con la oposición venezolana.
La jueza del caso escuchará testigos y expertos en derecho venezolano, así como los argumentos finales de ambas partes en disputa. Se prevé que el próximo lunes 18 sea el último día del juicio.
En específico, las partes se enfrentan por el control de 32 toneladas de oro de Venezuela, valoradas en más de 1.000 millones de dólares y que están custodiadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. El país suramericano tiene más reservas de ese mineral en la nación europea, no obstante.
La jurisprudencia del caso
La jurisprudencia más reciente del caso yace en las decisiones de la Corte Suprema del Reino Unido, que se apegó a la opinión de la cancillería británica de que el presidente legítimo de Venezuela es el líder opositor Juan Guaidó y, por ende, es el autorizado para administrar las reservas de oro en Inglaterra.
La Corte Suprema del Reino Unido falló el 20 de diciembre de 2021 a favor del reconocimiento de Guaidó en la diatriba sobre la administración de 1.950 millones de dólares en oro de su nación reservados en bancos en Inglaterra.
La sentencia de entonces fue unánime de los cinco jueces que conocieron el caso. “El señor Guaidó es reconocido por el Gobierno de Su Majestad como el presidente interino constitucional de Venezuela y el señor Maduro no es reconocido por el Gobierno de Su Majestad como presidente de Venezuela para ningún propósito”, opinó la Corte en el caso de apelación 2020/0195.
En julio del año pasado, el Asesor Jurídico de la Cancillería británica presentó sus argumentos a nombre del Secretario de Asuntos Exteriores en la audiencia del caso sobre los derechos de acceso al oro propiedad del Estado de Venezuela.
Según los magistrados, ese pronunciamiento fue “un reconocimiento claro e inequívoco del señor Guaidó como presidente de Venezuela”.
El primer día del juicio
Richard Lissack, representante legal del gobierno de Maduro, aseguró en su alegato inicial del miércoles que el juicio no debe ser una evaluación del sistema judicial venezolano, sino “solo sobre cinco decisiones” vinculadas al caso.
El abogado del gobierno encargado de Guaidó, Andrew Fulton, argumentó que el TSJ de Venezuela sufre de una “sistemática falta de independencia”.
El abogado del chavismo llamó como primer testigo a Francisco Carrasquero, exmagistrado que fue vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ.
El abogado de la oposición venezolana le interrogó sobre cuestiones como el arresto de la jueza María Afiuni tras una orden pública del expresidente Hugo Chávez y los señalamientos de que el poder judicial procuró “un clima de terror” en el país para la disidencia y miembros de la sociedad civil.
Carrasquero defendió sus “credenciales científicas, morales y éticas” ante la sugerencia del abogado de Guaidó de que fue nombrado magistrado como premio por haber dirigido un referendo revocatorio contra Chávez, que ganó, desde la presidencia del poder electoral, un cargo que ocupó en 2004.
¿Quiénes testificarán?
Se espera que el secretario de la cámara plenaria del TSJ venezolano, Enrique Parody Gallardo, declare en el juicio. El jurista de Guaidó consideró que era “fantasiosa” la idea de que testigos como Carrasquero y Parody Gallardo pudieran aportar versiones “sinceras” sobre la justicia del país suramericano.
Los abogados que representan a la oposición venezolana llamarán a testificar a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial nombrado por Guaidó; Ricardo Villasmil, expresidente de la junta del BCV, y a su sucesor Manuel Rodríguez.
Uno de los puntos fuertes de los representantes legales de la oposición es el cúmulo de informes de organismos de las Naciones Unidas y ONG que reflejan “sanciones y hostigamiento” contra jueces y fiscales de Venezuela.
Pocas esperanzas
El oficialismo venezolano espera que la magistrada Sara Cockerill se incline a favor de sus argumentos, que promoverá en el juicio el presidente del BCV considerado chavista e hijo de un magistrado venezolano, Calixto Ortega.
La jueza limitó su testimonio a una exposición escrita para procurar que se circunscriba exclusivamente a la invalidación por parte del TSJ venezolano de los nombramientos de la junta administradora ad hoc cercana a Guaidó.
Agencias de prensa destacaron que el equipo leal del BCV chavista intentaría comprobar cómo, al reconocer a la junta pro Guaidó, se desestabiliza la economía venezolana. La esperanza del Palacio de Miraflores es poca, empero.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta del poder ejecutivo que preside Maduro, acusó a priori la semana pasada a Inglaterra de querer “robar” el oro de Venezuela mediante fallos judiciales y consideró que las sentencias anteriores constituyen un acto de “piratería histórica”. También, llamó a otros países a no depositar sus reservas en los bancos ingleses para no vivir las mismas consecuencias.
Confianza de la oposición
La oposición venezolana estima que Inglaterra está “haciendo valer” el Estado de Derecho en sus tribunales, sobre el caso del oro, de acuerdo con un comunicado publicado por el gobierno interino de Juan Guaidó.
Su aspiración es a que el Tribunal Comercial inglés se pronuncie contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia afín a Maduro, que anularon e invalidaron las designaciones de la junta directiva del Banco Central nombrado por la oposición cercana a Guaidó.
La oposición venezolana pidió al Reino Unido que recuerde “lo que es verdaderamente posible en una democracia que respeta el Estado de Derecho”.
¿Cuándo habrá sentencia?
La jueza Sara Cockerill, del Tribunal Comercial de Inglaterra, escuchará los argumentos y testigos llamados por las partes enfrentadas por el juicio durante cuatro días. Este lunes podría fijar una fecha para anunciar su decisión.
Expertos en materia judicial apuntan que es improbable que revele su fallo inmediatamente debido a la complejidad del caso, si bien la jueza ha declarado públicamente que está consciente de la expectativa mundial sobre esa diatriba judicial y de que se espera una sentencia lo más pronto posible.
VOA