El régimen de Nicolás Maduro acusó a la Corte Penal Internacional (CPI) por lawfare, una término iniclamente asociado a una «guerra contra la corrupción» que se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros.
De acuerdo al Observatorio de Lawfare CELAG, esto es una «una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros)».
La explicación revela que este término se «caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear)».
El lawfare es un concepto trasúcido que atraviesa Latinoameríca, una idea incorporada por la izquierda a la política en los últimos años a partir de los juicios políticos o jurídicos a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva, Cristina de Kirchner y ahora Nicolás Maduro.
ALGUNOS CASOS DE LAWFARE
PEDRO CASTILLO, EXPRESIDENTE DE PERÚ
Elegido para el periodo presidencial de 2021-2026 y posteriormente abandonado por su partido, Pedro Castillo emitió un decreto que disolvía temporalmente el Congreso pocas horas antes de que el parlamento votara para aprobar una moción de vacancia en su contra y juramentara a la vicepresidenta Dina Boluarte.
Las amenazas de las élites económicas, y las élites políticas a su servicio, contra Castillo tuvieron un momento cumbre anterior que desplegó un operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas al entonces presidente, aludiendo, «sin pruebas mas con diversas conjeturas» (Sergio Moro dixit), la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería Castillo.
En este caso se ha construido una narrativa repetida por los principales medios de comunicación mientras, desde el ámbito judicial, la Fiscal General Patricia Benavidez ha declarado que cuenta con más de 190 elementos probatorios para sustentar una acusación contra Castillo. Le acusa de liderar una supuesta red corrupta que, desde su Ejecutivo, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas. Se trata de una construcción de culpabilidad a quienes todavía se les debe probar el delito.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KICHNER, EXPRESIDENTA DE ARGENTINA
Condenada por el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción y fraude. La expresidenta fue hallada culpable de «administración fraudulenta» y de desviar casi 1 mil millones de dólares en fondos del gobierno a través de contratos de obras públicas durante su presidencia, pero rechazó otro cargo de dirigir una organización criminal. Mientras, ella ha reiterado que los cargos y los procesos en su contra tenían motivaciones políticas y ha denunciado la existencia de «una mafia estatal y judicial paralela» que la perseguía y condenaba por delitos que no cometió.
Para 2019, Kichner utilizó el término inglés lawfare durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
Recientemente, la sentencia de la exmandataria argentina utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para acreditar el delito que supuestamente favorecía al empresario Lázaro Báez, lo que fue previamente avalado por el Congreso. En septiembre pasado, tras el intento de asesinato en su contra, dijo que «me quieren muerta o presa», al tiempo que denunciaba discursos de odio y aversión expresados en los medios de comunicación por parte de las fuerzas opositoras.
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
En Brasil se se incubó el lawfare de manera temprana con el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016; pero el foco fue Lula da Silva, inhbailitado para competir electoralmente cuando el Supremo Tribunal Federal (SFT) lo absolvió de los falsos cargos que le formularon el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.
Pero ello no pudo borrar la imagen de un corrupto desempeño gubernamental del exlíder sindical en el gobierno; esta fue instalada en amplias capas de la población por la descomunal campaña de mentiras desencadenada por los medios hegemónicos brasileños e internacionales.
El enjuiciamiento fue escandaloso porque Lula fue condenado y encarcelado durante 580 días con «evidencias» poco firmes de haber aceptado un apartamento de una empresa constructora mientras era presidente. Mucho más escandaloso fue que el juez que le condenó, Sergio Moro, y que también juzgó la mayoría de los 25 casos legales en su contra, se convirtió en el ministro de Justicia del hoy saliente Bolsonaro, una confirmación impactante para muchos brasileños de que la condena ha sido un montaje político.
JORGE GLAS, EXVICEPRESIDENTE DE ECUADOR
En Ecuador, las acusaciones contra el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), de la misma coalición política del expresidente Rafael Correa (2007-2017), se centran principalmente en los 13,5 millones de dólares que supuestamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
Las acusaciones tienen poca o ninguna evidencia contundente, y los procedimientos legales están llenos de irregularidades como la falta de apelación, se aplicó una sentencia de seis años en lugar de cinco y, por supuesto, su traslado a un penal de máxima seguridad donde su vida corre mucho más peligro por el deterioro de su salud.
BRAHIM GHALI, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El 21 de abril de 2021 un convaleciente Brahim Ghali, Secretario General del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entraba en España para recibir tratamiento contra la COVID-19. La máxima autoridad del Frente Polisario era ingresado en el hospital San Pedro de Logroño en estado grave tras herméticos contactos a tres bandas -gobierno español, argelino, saharaui-. La decisión se mantuvo en secreto para evitar la ira marroquí, en guerra contra el Frente Polisario desde que en noviembre de 2020 saltasen por los aires tres décadas de alto el fuego tras las tensiones en el estratégico paso de El Guerguerat.
Rabat ya tenía el pretexto para lanzar su estrategia en zona gris contra España. Era el inicio de una crisis aún hoy latente que alcanzaría su clímax en mayo con la crisis migratoria de Ceuta, cuando las autoridades marroquíes facilitaron que unos 10.000 migrantes ingresasen en suelo español.
Pero desde la Casa Real alauí también se apuntó contra Ghali, lanzando una campaña mediática y jurídica que minase el apoyo de la sociedad civil española al Frente Polisario. Una combinación de fake news, acusaciones de todo tipo y judicialización -o lawfare– contra el líder saharaui. Hoy esa campaña se desmorona parcialmente con el carpetazo a la querella por “genocidio” presentada en su contra. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica el criterio del juez Pedraz y decreta el sobreseimiento por “falta de indicios”.
ALEXÉI NAVALNI, OPOSITOR RUSO
Alexéi Navalni, quien lleva años acusando de corrupción al Gobierno de Vladímir Putin. Navalni sobrevivió a un envenenamiento en agosto de 2020, que le provocó un coma y por el que pasó cinco meses en un hospital de Alemania. El intento de asesinato se atribuyó al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, y tan pronto Navalni regresó a Rusia en enero de 2021 fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición judicial. Se le arrestó por haberse saltado su sentencia condicional por supuesta malversación de fondos, al no presentarse ante el servicio penitenciario ruso en diciembre, mientras se recuperaba del coma en Alemania, y hasta la fecha sigue encarcelado.
Aun cuando los casos son distintos en estatus y grados de conmoción política, la búsqueda de crisis permanente persiste en países que puedan ser sujetos o vías de proyectos políticos alternativos. El Norte Global no necesariamente requiere hacerse con el poder en estos países a los que, vía lawfare, convierte en satélites. Le basta con generar el caos, la destrucción y/o niveles de fragmentación que no permitan el suficiente poder para oponerse al saqueo de sus recursos.