La inminente liberación del octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori, tras restituirle un indulto presidencial, es un «retroceso inaceptable» para la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno, dijo un grupo de expertos de la ONU.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el jueves último un hábeas corpus y restituyó el indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 y anulado por la justicia peruana 10 meses después.
Esa decisión «parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad», indicaron los expertos en derechos humanos en un comunicado emitido en Ginebra.
Recordaron que el indulto concedido en vísperas de Navidad de aquel año por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski alegando razones humanitarias había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
«A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional», anular la sentencia a 25 años contra Fujimori sería «un grave golpe a la justicia y al estado de derecho», manifestó el grupo de expertos, integrado por Fabián Salvioli, Morris Tidball Binz, Luciano Hazan, Aua Baldé, Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni y Henrikas Mickevičius.
También «una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias», agregaron.
«Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas», agregaron.
Fujimori, de 83 años, sufre de de fibrilación auricular, fibrosis pulmonar e hipertensión, según su médico.
«Humanitariamente, Alberto Fujimori no merece morir en la cárcel», expresó su médico de cabecera y parlamentario afín Alejandro Aguinaga.
Encarcelado en 2007, Fujimori ya cumplió 15 de la condena a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno (1990-2000) en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Para que salga de la prisión que ocupa en una base policial de Lima, el TC tiene que notificar al servicio penitenciario, trámite que aún no se concreta.
La decisión del TC, que es inapelable, desató manifestaciones en las calles de Lima a favor y en contra del indulto.
AFP.