Las intercepciones de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde México se redujeron más del 70 % con el fin del Título 42, dijo el viernes un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), en un momento en que ambas naciones luchan por reducir la migración irregular en masa.
Desde el 12 de mayo, un día después de que se levantó la ley de la era del COVID-19, la Patrulla Fronteriza interceptó en promedio a unas 4,000 personas diarias, y durante las últimas 48 horas a unas 3.000, explicó Blas Nuñez-Neto, funcionario del DHS.
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«Nos sentimos alentados por los últimos progresos que hemos hecho en las últimas semanas, pero sabemos muy bien que es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión definitiva o predecir lo que va a pasar en las semanas que vienen», agregó en conferencia de prensa.
Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, se han producido en este tiempo más de 11.000 repatriaciones. Unos 1.100 ciudadanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México.
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El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera, y enfatiza que la única vía legal disponible es a través de una cita con las autoridades migratorias.
“Que utilicen la aplicación CBP One. Es completamente gratuita por el Google Play Store o por Apple App Store, y es una manera segura de tener una cita con nosotros”, explicó a la Voz de América Elías Rodríguez, portavoz de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Brownsville, Texas.
El impacto del Título 8
El Título 42 estuvo en vigor desde marzo de 2020 y permitía a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. EEUU declaró el fin de la emergencia nacional, poniendo fin a las restricciones.
Pero aunque el Título 42 impidió a muchos pedir asilo, no acarreaba consecuencias legales, lo que alentaba los intentos reiterados de cruzar la frontera. Después del jueves, quienes crucen de manera ilegal enfrentan al Título 8, una regla que contempla la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.
Todo eso ocurre mientras en México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y diversas organizaciones civiles denuncian que los albergues de migrantes operan a máxima capacidad.
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La agencia de la ONU expresó su preocupación ante «la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes» y destacó que, en general, «no tienen información sobre su proceso, enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal».
Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche, y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en el hospital tras una “emergencia clínica” mientras se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Voz de América