El pasado miércoles, la Asamblea de Representantes del Estado meridional, mayormente controlada por el Partido Republicano, respaldó una propuesta legislativa que criminaliza la entrada irregular al país y otorga facultades a las fuerzas del orden locales para arrestar y retener a individuos bajo sospecha de carecer de documentación migratoria válida.
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La normativa guarda una gran similitud con otras leyes que han progresado en los últimos meses en diversos Estados de tendencia conservadora, destacando Texas, así como Iowa y Oklahoma, entre otros. Esto intensifica el conflicto a nivel nacional entre dichos Estados y el Gobierno federal en cuanto a la gestión de la inmigración, reseñó El País en su sitio web.
La normativa que avanza sin contratiempos en la legislatura de Luisiana —donde reside aproximadamente una población latina de 322,000 personas, representando el 7% del total— tiene como objetivo ampliar la autoridad estatal y fortalecer el poder de las agencias policiales locales.
Aunque el estado no limita con una frontera internacional, la legislación establecería el delito de «ingreso o reintegro ilícito», con una sanción de hasta un año de privación de libertad y una multa de cuatro mil dólares por una primera violación; y hasta dos años de cárcel y una multa de diez mil dólares por reincidencia.
Además de esta legislación, otras dos iniciativas en curso buscan prohibir las denominadas «ciudades santuario» en el estado y restringir el otorgamiento de licencias de conducir a personas indocumentadas, si bien esta última aún debe ser discutida en el Comité de Transporte.
Además, según la senadora Valarie Hodges, impulsora de la ley, esta también facultaría para «iniciar el procedimiento de deportación». Aunque históricamente esta competencia ha sido exclusiva del gobierno federal, los proponentes de estas nuevas leyes argumentan que son necesarias para salvaguardar a los ciudadanos y contrarrestar lo que perciben como la inacción de la administración de Joe Biden frente a la crisis migratoria.
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En contraposición, el Gobierno federal ha expresado que esta legislación, junto con otras similares aprobadas recientemente, usurpa la autoridad federal en la ejecución de las leyes migratorias. Además, en la misma línea, otros críticos argumentan que es inconstitucional, poco efectiva y simplemente alimenta una retórica falsa y agresiva sobre los migrantes.
En marzo, cuando la ley SB4 de Texas entró en vigor —aprobada por uno de los gobernadores más combativos en materia de inmigración en el país, Greg Abbott—, solo estuvo vigente durante unas pocas horas convulsas, ya que recursos legales la suspendieron hasta nuevo aviso.