En el marco de la visita que realiza a la nación sudamericana, el dictador Nicolás Maduro, ofreció este lunes suministrar electricidad a Brasil, mientras Venezuela sufre apagones cada hora.
«Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza», anunció Maduro en rueda de prensa conjunta desde la ciudad de Brasilia.
Sostuvo que de concretarse el acuerdo, «pudiéramos estar, muy pronto, allá, volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima».
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«Venezuela está preparada para retomar las relaciones virtuosas con los inversionistas y empresarios de Brasil. Estamos de puertas abiertas, con plenas garantías para que volvamos al tiempo del trabajo conjunto y la cooperación», escribió el líder del régimen venezolano en su cuenta de Twitter.
Venezuela está preparada para retomar las relaciones virtuosas con los inversionistas y empresarios de Brasil. Estamos de puertas abiertas, con plenas garantías para que volvamos al tiempo del trabajo conjunto y la cooperación. pic.twitter.com/SVdqltjPYW
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 29, 2023
Fallas en el servicio eléctrico incrementan cada mes en Venezuela
La organización no gubernamental (ONG) Comité de Afectados por Apagones sostuvo en una investigación que las fallas el servicio eléctrico de Venezuela incrementaron 22,8 % durante el mes de febrero de 2023 con respecto a enero
Según la institución, la nación sudamericana reportó el mes pasado 4.049 interrupciones del servicio, con mayor incidencia en el estado Zulia, cuando en enero se documentaron, al menos, 3.296 cortes en toda la nación.
Solo en el estado Zulia la ONG contabilizó 567 fallas, seguido de Mérida (289), Miranda (287), Táchira (277) y Apure (211).
El estado que sufrió la menor cantidad de fallas en febrero fue el costero La Guaira, con 88, al que le siguió Sucre, con 98, según el Comité de Afectados por Apagones.
Venezuela sufre apagones intermitentes a diario, llegando a prolongarse por más de 24 horas, especialmente en los estados del interior del país, un problema que el régimen achaca a ataques programados, fundamentalmente, desde Estados Unidos, y a las sanciones internacionales.