La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó el jueves una solicitud de suspender o posponer la extradición del militar venezolano Hugo Armando “El Pollo” Carvajal a Estados Unidos.
Carvajal es reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, que se habrían llevado a cabo cuando pertenecía al llamado Cartel de los Soles.
«No ha lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios», indica el texto con fecha del jueves de la Sala de lo Penal Sección 3 de la Audiencia Nacional española.
El texto dice además que tampoco «(ha lugar) a participar a dicho juzgado particular alguno en relación a la fase de ejecución de la entrega que es exclusiva de esta sección como única autoridad judicial competente».
La decisión llega un día después de que la justicia española aceptara la extradición de Carvajal para que enfrente en suelo estadounidense varios cargos relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Carvajal fue arrestado en España en el año 2019 y en 2020 el Consejo de Ministros aprobó su extradición a Estados Unidos, aunque en ese momento el ex general se encontraba en paradero desconocido.
La Policía española junto a la DEA estadounidense lo capturó el pasado 9 de septiembre y fue trasladado hasta la prisión de Estremera, Madrid, donde se encuentra en este momento.
Medios españoles informaron esta semana que Carvajal ha sido citado para declarar en calidad de testigo el próximo día 27 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
La Audiencia española descarta que Carvajal pueda actuar como «testigo en un proceso que se inició en el 2016». También menciona el tratado de extradición entre EE. UU. y España que data del 29 de mayo de 1979, entre otros instrumentos legales.
El texto enfatiza en que la intención de Carvajal de «pretender colaborar con la justicia española (…) sería una maniobra dilatoria del proceso extradicional, que logró dilatar al no comparecer voluntariamente ante esta Sección una vez dictado el 8 de noviembre de 2019.
De la misma forma, la Audiencia Nacional determinó que «la posición de testigo no es causa de suspensión a la luz del artículo VIII del instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América del 25 de junio de 2003.
Aunque su defensa ha reiterado que mantiene en secreto aspectos del caso, medios han indicado que en su comparecencia de septiembre Carvajal dijo que tenía conocimiento de irregularidades en las relaciones del régimen venezolano con personas de la órbita del partido Podemos y que apuntó a supuestos grandes contratos que el gobierno de Venezuela habría otorgado a empresas españolas en tiempos de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los reportes de medios indicaron entonces que Carvajal se habría comprometido a aportar documentación acreditativa de sus revelaciones.
Con información de Voz de América