El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró este martes que «bajo ninguna circunstancia» aceptara repatriaciones por parte del estado Texas, ahora que entró en vigor de la polémica ley SB4 que convierte los cruces ilegales en un delito penado por las autoridades estatales.
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A través de un comunicado, México afirmó que la ley antinmigración texana «pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante».
Por ello, rechazó «tajantemente» cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
Asimismo, cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, porque considera que generan «ambientes hostiles» en los que la comunidad migrante está expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial.
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México resaltó la importancia de una política «uniforme» en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para que la migración de personas «sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos», pero sobre todo «no se vea afectada» por decisiones legislativas del orden estatal o local.