Primer revés para el régimen de Nicolás Maduro. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición de la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad, ordenando que los casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio, informó ABC.
El fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, solicitó un control judicial, es decir, que se ocultara la identidad de las víctimas, lo cual fue impugnado por la Fiscalía de la CPI, que además establece como tope para su pronunciamiento el día 23 de julio.
«La CPI destaca que es conveniente establecer un plazo para que Venezuela presente versiones públicas redactadas como se establece (…) En consecuencia, se invita a Venezuela a presentar versiones públicas redactadas de dicho material a más tardar el 21 de julio de 2021″, expresó el activista Humberto Prado.
La decisión de La Haya está fechada el 2 de julio de 2021 y firmada por el presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares, Péter Kovács; el juez Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y la juez María del Socorro Flores Riera. Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, destacó en la página del Gobierno interino que preside Juan Guaidó que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Asad Ahmad Khan, está a cargo de establecer una decisión de la Corte, «la cual esperamos sea pasar a la investigación».
La comisión presidencial envió un documento anexo a la Fiscalía de la CPI con el nuevo informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, del cual hará lectura el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que establece de modo preciso la falta de independencia y autonomía del poder judicial en el país.