Los grandes mineros de bitcoin se han visto obligados a cerrar sus operaciones en Venezuela en un contexto de plena corrupción. Además, faltan 3.000 y 20.000 millones de dólares de Pdvsa y algunos de los principales dirigentes del movimiento político del régimen de Nicolás Maduro, como el ex presidente de PDVSA, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, están bajo sospecha mientras se lleva a cabo una investigación anticorrupción.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también conocida como SUNACRIP, está en el centro de este proceso, ya que se utilizó para liquidar las ventas de PDVSA tras las sanciones estadounidenses contra la empresa, y era la principal institución nacional que se ocupaba de todo lo relacionado con las criptomonedas, incluida la minería de bitcoin.
Hoy en día, las cárceles venezolanas están ahora llenas de hombres como Joselit Ramírez, presidente de SUNACRIP desde 2018, y Rajiv Mosqueda, jefe de operaciones de minería digital de SUNACRIP, junto con otros funcionarios relevantes de PDVSA y del organismo de vigilancia de criptomonedas. Estas detenciones forman parte de lo que los partidarios de Maduro, también conocidos como chavistas, están llamando la «trama cripto PDVSA», la investigación contra la corrupción.
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El problema es que las ventas de petróleo no coinciden con las tenencias de cripto tesorería de la SUNACRIP ni con el balance de PDVSA. Ramírez y sus socios han sido investigados por su participación en estas operaciones porque faltan activos por valor de al menos 3.000 millones de dólares, potencialmente mucho más. Pero esto no es el final. Los mineros de Bitcoin de todo el país siguen inactivos.
Esto sucede, mientras que las cuentas de las redes sociales y los chats de grupo de Telegram de toda Venezuela llevan desde marzo de 2023 hablando de visitas inusuales de agentes del gobierno a instalaciones civiles de minería de bitcoin.
Y es que la Policía Nacional Anticorrupción está intentando encontrar vínculos entre la trama criptográfica de PDVSA y los mineros de bitcoin locales, al tiempo que comprueba que el gobierno dispone de documentación exhaustiva y actualizada y de acuerdos de licencia con cada minero de bitcoin venezolano, tal y como concede la SUNACRIP.
No hay mucha información pública sobre ninguna de estas investigaciones, sólo rumores generalizados de detenciones y confiscaciones, pero hasta ahora, no se han documentado detenciones de mineros de bitcoin civiles, y como Teodosio Peraza, jefe de la empresa privada de minería de bitcoin Criptominero C.A., explicó al periódico local Yaracuy al Día tras ser visitado, todas las comprobaciones de cumplimiento forman parte de los procesos normales.
Por otra parte, al menos 500 trabajadores de SUNACRIP se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo durante las investigaciones clandestinas, mientras que los pocos poseedores de petro que quedan se quejan a través de plataformas sociales como Twitter de que el petro es aún menos útil ahora, cuando todo el país murmura sobre criptodivisas y corrupción.
Con información de Forbes