La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió al régimen de Nicolás Maduro el pleno respeto a los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos en vísperas de la toma de posesión presidencial del 10 de enero.
Asimismo, instó a las autoridades del régimen de Maduro a permitir que se lleven a cabo protestas pacíficas en el país «sin temor a represalias».
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“Hacemos un fuerte llamamiento a las autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles represalias. Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza,” expresó Marta Valiñas, quien lidera de la Misión.
“Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso», añadió Valiñas.
Este llamado se produce a pocos días del 10 de enero, cuando tomará posesión el presidente electo de Venezuela, Edmundo González y el dictador Nicolás Maduro pretende atrincherarse en el poder.
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Francisco Cox, integrante de la Misión, señaló que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de partidos de la oposición, diez periodistas y una defensora de derechos humanos.
Cox agregó que quienes ordenan detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos, al igual que quienes las ejecutan, son responsables penalmente de forma individual.
A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público del régimen dijo que 1.369 personas de las más de 2.500 detenidas durante el periodo postelectoral habían sido excarceladas después de la revisión de sus casos.
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La Misión aclaró que no ha podido corroborar esos datos, y abundó que, de acuerdo con los últimos datos de la organización no gubernamental Foro Penal, 1849 personas permanecen en prisión por motivos políticos y son objeto de irregularidades y restricciones múltiples que afectan su alimentación, su salud y el acceso a las garantías procesales indispensables en los procesos que se iniciaron contra ellas.
Además de exigir una vez más la puesta en libertad de todos los detenidos arbitrariamente y el respeto por las propias leyes venezolanas, la Misión reiteró la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas detenidas con problemas de salud, a los adultos mayores, y a considerar seriamente el interés superior de niños que aún afrontan procesos penales.
#Venezuela | Just days ahead of the presidential inauguration, the @UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela urges the country’s authorities to allow peaceful protests to go ahead “without fear of reprisal”.@UN_News_Centre reporthttps://t.co/Ou0g9vrYIL
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 2, 2025
En vísperas de la toma de posesión presidencial, la Misión de Investigación de la @ONU_es sobre #Venezuela insta a las autoridades a respetar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
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— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 2, 2025