El presidente Daniel Ortega cerró el cerco a la oposición. Este lunes, los parlamentarios afines al mandatario aprobaron una polémica ley que impide a sus adversarios postularse a los comicios nacionales y legislativos que tendrán lugar en 2021.
La norma, bautizada como “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, prohíbe a los nicaragüenses aspirar a cargos de elección popular, si antes han sido considerados “golpistas” o “terroristas” por las autoridades de turno.
El plácet al nuevo instrumento fue posible gracias a la mayoría que el Frente Sandinista (el partido de Daniel Ortega) tiene dentro del Congreso de Nicaragua. Al final de la votación, 70 diputados afectos al primer mandatario concedieron su visto bueno, mientras que 14 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) terminaron por oponerse.
En su texto, la ley establece que quedarán fuera de las elecciones generales los dirigentes que “encabecen o financien un golpe de Estado (…), inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares (…), propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
En Nicaragua, la norma ha sido catalogada como “inconstitucional”, pues la Carta magna vigente consagra el derecho a la participación política de todos los ciudadanos, sin distingos de ninguna índole.