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Nueve estados republicados solicitaron desmantelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

Nueve estados republicanos liderados por Texas pidieron este martes a un juez federal que desmantele completamente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que desde 2012 protege de la deportación a más de medio millón de dreamers, según reportó primero la cadena CBS News.

Esta nueva demanda persigue la regla que la Administración Biden emitió para transformar DACA en una regulación federal. La norma sustituyó en octubre pasado un memorando del Gobierno de Barack Obama que creó el programa en 2012.

En 2021, el juez de distrito Andrew Hanen, basado en Houston (Texas), dictaminó que DACA era ilegal. Sin embargo, permitió que siguiera intacto mientras abogados defensores apelaban su decisión. En octubre de 2022, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans (Louisiana), devolvió el caso a Hanen alegando que correspondía al juez considerar la propuesta del Gobierno de Biden con la que buscaba blindar el programa para fortalecer las protecciones de los dreamers.

La regla, que entró en vigor el 31 de octubre, recibió 16,000 comentarios públicos y fue revisada para completar los vacíos legales sobre el procedimiento, que ponía en riesgo al programa creado hace una década.

“La Regla Final como última manifestación del programa DACA es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorando DACA”, alegaron los demandantes.

“La Corte debería declararla ilegal e inconstitucional, anularla en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación (con una transición prudente para los actuales beneficiarios de DACA)”, insistieron.

Liderados por Texas, los otros estados republicanos que presentaron la querella son Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, West Virginia, Kansas y Mississippi.

Se prevé que Hanen emita una decisión después del 6 de abril, que es la fecha límite para que las partes presenten sus argumentos.

El jaleo legal con DACA ha mantenido en la incertidumbre a decenas de miles de personas que han hecho su vida Estados Unidos desde que eran menores y cuentan con trabajos estables y familia. Unos 27,000 de ellos han sido esenciales durante la respuesta a la pandemia de COVID-19, como personal médico.

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