La delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegó el domingo a Perú en medio de protestas contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, quien solicitó activar la Carta Democrática Interamericana debido a que denunció que hay “un golpe de Estado en marcha” para acabar con su gobierno.
Eladio Loizaga, vocero de la comisión y representante del secretario general Luis Almagro, fue el primero en arribar a Lima. Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el excanciller de Paraguay reiteró a los periodistas que “ya expresamos en nuestro comunicado todo lo relativo a la visita que hará la misión, recomendada por el Consejo Permanente, por los Estados miembros”.
El diplomático hizo referencia al mensaje que brindó en un video publicado por la OEA en sus cuentas oficiales el último sábado por la noche.
“El grupo se dedicará a escuchar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Al gobierno y a la oposición. A representantes religiosos, sindicales, empresariales, profesionales y a la sociedad civil. El único objetivo de la visita es escuchar al pueblo peruano bajo el respeto a la Constitución, la soberanía y el Estado de Derecho del país latinoamericano”, dijo Loizaga en el clip.
Por la tarde, el segundo en llegar a suelo peruano fue el canciller de Guatemala, Mario Búcaro. Luego, lo hicieron los demás miembros de la comisión: los cancilleres Santiago Cafiero (Argentina), Juan Carlos Holguín (Ecuador), Julio Arriola (Paraguay) y Eamon Courtenay (Belice). Además, los vicecancilleres Laura Gil (Colombia) y Christian Guillermet (Costa Rica).
Ellos sostendrán una serie de reuniones con diferentes poderes del Estado para recabar la suficiente información y entender la complejidad de la crisis política en el país sudamericano tal como lo mencionó el internacionalista Óscar Vidarte en entrevista a la Voz de América. “El hecho de que haya cinco cancilleres en funciones en la delegación denota la importancia que la OEA le está dando al tema peruano que podría ser emblemático”, mencionó.
Hoy se iniciarán las rondas de conversaciones. La misión de la OEA se reunió primero con el presidente Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, en Palacio de Gobierno a las 8.00 de la mañana (hora de Lima). Luego, se dirigirán al Congreso de la República para entrevistarse con su titular, José Williams. Después, proseguirán con los voceros de las bancadas parlamentarias.
Por la tarde será la cita clave con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien explicará a la delegación de alto nivel la denuncia constitucional presentada contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.
Además, la titular del Ministerio Público también dará cuenta de las otras investigaciones que pesan sobre el presidente de Perú como los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado, un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno y la red criminal que habría direccionado licitaciones públicas en regiones del país a través del Ministerio de Vivienda.
Mañana será el turno de las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que también mostrarán su posición respecto a la situación de Perú en los últimos meses donde la polarización ha predominado. Esto se mostró ayer en Lima y algunas regiones del país.
Cientos de manifestantes marcharon por las calles de la capital para exigir la renuncia de Castillo y la expulsión de la misión de la OEA. La mayoría provenían de colectivos de ultraderecha y cercanos a partidos como los opositores Fuerza Popular y Renovación Popular que rechazan al presidente de Perú desde antes que asumiera el cargo y han promovido mociones de vacancia contra el maestro rural en el Parlamento, pero sin el éxito deseado.
Perú recibirá por tercera vez en los últimos 22 años a una representación de la OEA en medio de una crisis política. La primera sucedió en 2004 cuando el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la justicia por el caso Odebrecht en Estados Unidos, afrontó pedidos de la oposición para que sea destituido por su baja popularidad e inestabilidad de su administración.
La segunda se dio en 2017 cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afrontó un proceso de vacancia en el Congreso de la República tras descubrirse que dos empresas suyas tuvieron contratos con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro de Economía y Finanzas en 2005.
Voz de América