La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió, este jueves, un nuevo informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro.
El reporte, elaborado de manera independiente por el Instituto Casla, denunció que más de 100 personas, entre ellos decenas de presos políticos, han sido sometidas a tratos crueles e inhumanos entre 2014 y 2020.
“141 personas fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual”, se lee en el documento. El texto también revela que, dentro del total de afectados, se encuentran 57 hombres y 15 mujeres, 38 civiles y 34 militares.
Entre los casos reportados, el Instituto Casla consideró 25 que, hasta la fecha, no eran del conocimiento de la OEA. Se trata de prisioneros de conciencia que fueron colgados de poleas, mientras se hallaban esposados.
En medio de su indefensión, los presos fueron sometidos a asfixia o a descargas eléctricas. Para los ahogamientos fingidos, los funcionarios del régimen emplearon un método al que se le conoce como “waterboarding”.
La técnica implica introducir la cabeza del reo dentro de una bolsa plástica, hasta que empieza a ahogarse con su propia respiración. Otra variante implica suspender al prisionero de cabeza y sumergirlo en un tanque con agua salada, orina u otro líquido.
El estudio también documentó torturas a través del empleo de la denominada “falanga”, un método en el que el preso recibe golpes en las plantas de sus pies, mientras se encuentra arrodillado o boca abajo. El castigo es propinado con el uso de varas de madera o metal.