La criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela y en el caso del estado Táchira, limítrofe con el Departamento del Norte de Santander en Colombia, poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones entre ambos países, de acuerdo a la organización no gubernamental FundaRedes.
Clara Ramírez, directora interina de FundaRedes, dedicada a educar y crear redes de activistas que impulsen la promoción de DDHH, afirma que ni del lado venezolano ni del colombiano se han tomado medidas de seguridad “acertadas” para “contrarrestar” la acción de grupos armados irregulares en zonas fronterizas como el estado Táchira.
“Para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. El tema del tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera ahí y es por lo que pugnan diariamente, por control de territorio para seguir manteniendo la ilegalidad los grupos armados”, aseguró consultada por VOA.
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Además, Ramírez destaca que el Tren de Aragua, una megabanda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas que se ha extendido a países como Perú, Colombia y Chile, se ha convertido en uno de los actores más importantes en el estado Táchira.
“No era asiduo actor en esta zona. El Tren de Aragua ha hecho una alianza con el grupo irregular denominado La Línea que está del lado colombiano, se enfrentan diariamente al ELN que opera en la frontera del lado venezolano, generando muertes, enfrentamientos y cifras alarmantes de personas desaparecidas en trochas, todas se pierden bajo un patrón similar”, explica.
La activista precisó que en 2022 documentaron la desaparición de 336 personas, 80 de ellas mujeres.
Esta semana el Departamento de Estado de EEUU recomendó a sus ciudadanos no viajar a ciertas zonas de Colombia, entre ellas la frontera con Venezuela debido a la “delincuencia, secuestro y el riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia”.
La semana pasada, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Iván Velásquez y Vladimir Padrino, respectivamente, sostuvieron un encuentro en el que se acordó retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa, aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común y fortalecer la lucha contra el contrabando y la inteligencia conjunta.
Casi dos años de “injusta” prisión
Ramírez sostiene que Javier Tarazona, activista de derechos fundamentales y director de FundaRedes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno y que cumple casi dos años en una cárcel de los servicios de inteligencia sin que se registren avances en su juicio, está detenido por descubrir violaciones a los derechos humanos en zonas fronterizas.
La defensora de derechos fundamentales sostiene que se trata de un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y alerta que es un llamado de atención a miembros de otras organizaciones que, por denunciar violaciones y crímenes de lesa humanidad, se arriesgan a vivir la misma situación.
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El activista, acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, según Ramírez, desde antes de su detención en julio del 2021, presenta un “comprometido estado de salud” que se ha ido agudizando en prisión.
Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU y Amnistía Internacional han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación.
En su más reciente actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), afirma que en el país “continúan produciéndose graves violaciones” a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras y denunció el deterioro de salud de Tarazona.
Desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, donde, según Insight Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene miembros en “40 municipios de ocho estados”.
Voz de América