Once organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, que han monitoreado y documentado el agravamiento de la emergencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos en el país, instan al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a establecer una comisión de investigación sobre Venezuela durante el 42º período de sesiones que se realizará en septiembre de 2019.
Señalan las organizaciones que «una comisión de investigación sobre Venezuela debería investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación. Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. El propósito de esta tarea es contribuir a la plena rendición de cuentas, incluyendo por aquellos abusos que constituyen delitos conforme al derecho internacional. Con respecto a las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud, la comisión debería identificar las causas de la grave falta de acceso de los venezolanos a servicios de salud, medicamentos y alimentos adecuados que subyace a la emergencia humanitaria, así como quiénes son los responsables».Añade la declaración suscrita por Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Jurista, que «una comisión de investigación no tiene por objeto reemplazar las investigaciones penales de delitos específicos, pero la información que recabe puede ser relevante para procedimientos penales. Por ende, su mandato debería incluir compartir pruebas con autoridades judiciales competentes para determinar la posible responsabilidad penal individual, siempre que exista consentimiento y existan garantías de debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo y medidas para proteger a testigos y víctimas».
NP