Varios países expresaron su preocupación ante las Naciones Unidas el lunes por la violencia policial, incluso contra manifestantes, en Francia que vive otra jornada de protestas.
También se abordaron cuestiones como los ataques contra los migrantes, la discriminación racial y la intolerancia religiosa durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que deben someterse cada cuatro años los 193 países de la ONU.
Francia debe «tomar medidas para abordar, de forma transparente, las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes durante las protestas», declaró el representante de Suecia ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Otros países plantearon preocupaciones similares, entre ellos Suecia, Dinamarca, Liechtenstein, Noruega, Luxemburgo y Malasia, pero también Rusia, Venezuela e Irán, tres países que son regularmente blanco de acusaciones de violencia policial y otras violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos.
«Nos preocupan las duras y a veces violentas medidas destinadas a dispersar a ciudadanos pacíficos», declaró ante el Consejo la representante de Rusia, Kristina Sukacheva.
En la misma Francia se han multiplicado las críticas contra el uso de la fuerza considerado excesivo en los últimos meses contra los manifestantes que se oponen a la reforma de las pensiones.
Las críticas se produjeron mientras Francia vive una nueva jornada de manifestaciones para conmemorar el 1 de mayo, día de los trabajadores, y volver a decir «no» a la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron.
En la revisión del lunes, varios países, incluyendo Estados Unidos y China pidieron también a Francia mayores esfuerzos para combatir la discriminación racial y religiosa.
La representante de Estados Unidos, Kelly Billingsley, dijo que su país instaba a París a «ampliar los esfuerzos para contrarrestar los delitos y amenazas de violencia motivados por el odio religioso, como el antisemitismo y el odio antimusulmán».
El representante chino censuró «el aumento del racismo y la xenofobia» en Francia, e instó a «poner fin (…) a las medidas que violan los derechos de los migrantes».
Brasil, al igual que Japón, deploró el uso por parte de las fuerzas de seguridad de «perfiles raciales».
La ministra de Igualdad de Género y diversidad, Isabelle Rome, que encabezó la delegación francesa, no respondió directamente a todas las críticas, pero comparó el racismo y en antisemitismo con «un veneno para la República».
Sabrine Balim, asesora jurídica del ministerio del Interior francés, dijo al consejo que el uso de la fuerza estaba «estrictamente supervisado, controlado y, en caso de uso erróneo, sancionado».
También subrayó que «Francia condena cualquier forma de perfil racial».
Recordó además que los miembros de la policía tienen la obligación de llevar un número de identificación individual «para garantizar la visibilidad y la trazabilidad de sus acciones». Una obligación no siempre respetada, por lo que el ministro francés del Interior, Gérard Darmanin, exigió que se llevara «en todas las circunstancias».
AFP