La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción que involucra al empresario Alex Saab.
Dicha comisión parlamentaria aprobó el informe que vincula a Saab en un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado, a través de un sistema de compensación denominado «SUCRE».
Los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán su contenido a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.
En las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización se indicó que las empresas ecuatorianas que participaron en negocios con la firma de Saab, «Foglocons», fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias.
También precisó que varias compañías involucradas estaban domiciliadas en países como España, Colombia, Holanda y Estados Unidos, que se beneficiaron pese a no ser parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que participaban del sistema «SUCRE».
«La mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema SUCRE, eran ficticias y sobrevaloradas» y se constituían en una supuesta herramienta para ejecutar delitos como el «enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria», entre otros, precisó la Comisión en su informe.
Otro hecho revelado, fue el aporte económico que la esposa de Saab, Micaela Leherer, habría hecho al movimiento Alianza País en 2013, que entonces lideraba el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Las recomendaciones incluyen también que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) investigue los fondos para la campaña presidencial del correísmo en 2013 y que la Fiscalía ecuatoriana determine responsabilidades en las Superintendencias de Compañías entre 2010 y 2014.
La empresa se constituyó en 2011, y tuvo como socios al propio Saab y al colombiano Pulido, a los que se relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas por valor de 465 millones de dólares, que nunca llegaron a construirse en el territorio venezolano.
Según la comisión parlamentaria, la autoridad aduanera ecuatoriana certificó que las empresas exportadoras de materiales de construcción, en su mayoría, nunca llegaron a realizar operaciones comerciales y solo simulaban transacciones internacionales.